El Gobierno central y el de Canarias se reúnen para concretar el reparto de menores, tres meses después de que lo ordenara el Supremo

El Ejecutivo central y el de Canarias se reunirán una vez por semana cuantas veces sean necesarias hasta dar cumplimiento a los dos autos del Tribunal Supremo que ordenan al ejecutivo central a acoger al millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están actualmente en los recursos de protección de las islas. La primera de ellas tendrá lugar este martes y será telemática, todas ellas serán grabadas y remitidas al Alto Tribunal, con el objetivo de "dar una respuesta pormenorizada a cada menor demandante de asilo".

El portavoz del ejecutivo canario, Alfonso Cabello, aseguró ayer que el archipiélago está "de enhorabuena" porque "parece que conseguimos avanzar en la respuesta" a dichos autos del Supremo, el más reciente del pasado 4 de junio. Hay que recordar que este miércoles se cumplirán tres meses desde que el Alto Tribunal ordenó por primera vez al Gobierno central acoger en su red de acogida estatal de protección internacional a estos jóvenes, orden que reiteró el pasado 5 de junio, en esta ocasión bajo amenaza de imponer medidas coercitivas a los responsables del incumplimiento.

El pacto alcanzado entre ambos gobiernos será remitido esta semana al Supremo -el Gobierno tiene de plazo hasta el viernes para informar al alto tribunal sobre las medidas adoptadas para cumplir con la orden- y determina el acceso inmediato al sistema estatal de acogida, bien en centros de la península o de Canarias, dependiendo de la edad del menor o del arraigo que tenga en las islas.

Todavía no hay acuerdo

Este mismo lunes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, explicaba que ambos ejecutivos trabajan a diario en esta cuestión, que ayer mismo hubo intercambio de documentos y que se habían conseguido avances, aunque aún no se ha firmado un acuerdo. El comité que integrará estas reuniones estará formado por cuatro representantes de Canarias y otros tantos del Estado.

"Sí que hay una posición que compartimos y espero se pueda rubricar estos próximos días", señaló sobre este asunto. Por otro lado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lamentó también ayer que el Supremo tenga que dictar dos autos para que el Estado cumpla con su obligación mientras se vulneran los derechos de estos jóvenes y a pesar de que el protocolo de acogida está perfectamente definido y es su competencia.

Además, el Estado se compromete a exigir únicamente "los documentos esenciales" a cada menor para darles de alta en el sistema, y se tiene que dictar la resolución pertinente en el plazo máximo de tres días hábiles o cinco naturales.