El Supremo mantiene la prórroga en la evaluación final de los Médicos Internos Residentes de último año

El Tribunal Supremo ha rechazado dejar sin efecto la orden del Ministerio de Sanidad del pasado día 1 respecto a postergar la evaluación final de los médicos internos residentes (MIR) de último año, y sobre condiciones de acceso del colectivo a plazas de médico especialista en los diferentes centros del Sistema Nacional de Salud, con el fin de poder incorporarse de inmediato a los centros sanitarios para atender a los pacientes infectados con el coronavirus. De esa forma, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desesima la medida cautelarísima solicitada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para dejar sin efecto esos puntos de la citada orden ministerial. Una vez desestimada esa pretensión, la Sala tramitará la medida solicitada como cautelar ordinaria, en la cual se da plazo de alegaciones a la Administración demandada.

Para el Supremo, no concurre la especial urgencia que se requiere para acceder a lo que pedían los sindicatos médicos, ya que la misma "no puede consistir en que la labor asistencial que desarrolla el médico interno residente cuando acaba de culminar el periodo formativo asistencial, se realice sin la supervisión de los médicos especialistas".

El Supremo señala que "no alberga duda alguna sobre la capacitación, competencia y profesionalidad de los médicos residentes que se encuentran terminando, o han terminado, el periodo formativo asistencial de especialización por el sistema de residencia, lo realicen como médicos residentes en prórroga durante la declaración del estado de alarma, o como médicos especialistas". Y, añade al respecto la Sala, también comprende la legítima aspiración de quienes han concluido su formación y desean acceder cuanto antes a plazas de médicos especialistas, pero ninguno de ambos extremos es objeto del enjuiciamiento cautelar urgente que hacen en su auto.

La citada confederación de sindicatos médicos realizó esas peticiones dentro del recurso contencioso administrativo que tiene presentado, por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona, contra la mencionada orden del Ministerio de Justicia, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.