Alarmante excepción

Mañana se debate en el Congreso la cuarta prórroga del estado de alarma, convertido de facto en un estado de excepción indefinido. En el futuro, el TC deberá pronunciarse para fijar doctrina y precisar entre la limitación y la suspensión de derechos fundamentales y libertades públicas, que el Gobierno está regulando incluso con órdenes ministeriales.

Por no aludir a las modificaciones legislativas sin vinculación con la pandemia que se están introduciendo por RDLey, fórmula reservada para «casos de extraordinaria y urgente necesidad». No es un debate de purismo jurídico-constitucional, pues la calidad de nuestra democracia es lo que está en juego. Nunca un Gobierno democrático había acumulado tanto poder, durante tanto tiempo, y con menos control parlamentario, jurisdiccional y de prensa.

Algo impropio de una democracia de calidad, sometida a hibernación junto al tejido económico y productivo, al mantener confinados a millones de españoles, suspendido el normal funcionamiento de las Cortes y de la Administración de Justicia, y con una abusiva utilización de los medios en continuadas comparecencias, con «ruedas de prensa» coordinadas por el Ejecutivo.

Un sacrificio humano inmenso para acabar siendo el país con más contagios y fallecidos per cápita… El Gobierno es la «única autoridad» y, por tanto, el indiscutible máximo responsable. Pero sin el voto de la oposición, no hubiera podido hacerlo: en democracia no hay cheques políticos en blanco.