La “promiscuidad variable” de Moncloa

La crisis del coronavirus ha supuesto de facto un cambio de socios para el Gobierno. El frente de unidad al que llama Moncloa al resto de partidos ha virado ideológicamente a la derecha, apoyándose en el PNV y Ciudadanos para salvar el complicado trámite parlamentario de la prórroga del estado de alarma en los momentos más convulsos, políticamente, de la epidemia. Y ahora también con el PP para acordar el abordaje del escenario postcovid, con el decreto que regirá la «nueva normalidad» y la comisión para la reconstrucción social y económica que da sus últimos coletazos en el Congreso. El entorno de Pedro Sánchez vio en la encrucijada del coronavirus una oportunidad política: la de materializar su vocación de «ampliar» la mayoría de la investidura que le llevó al poder. Un mecanismo que en el Ejecutivo denominan «geometría variable», pero que ha virado a una suerte de «promiscuidad variable», o al menos así lo entienden ahora los otrora socios del Gobierno.

El concepto lo acuñó con tino el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, durante la última sesión de control en el Congreso y refleja a la perfección el sentir de los aliados tradicionales de Sánchez, que ven en sus «escarceos» con Ciudadanos una falta de lealtad al «espíritu» de la moción de censura. Existen sobradas reticencias en relación al viraje que pueda acometer el Ejecutivo para granjearse los votos naranjas, aunque el objetivo de Moncloa no sea otro que limitar la dependencia que hasta ahora les ataba a ERC y que otorgaba una gran fuerza negociadora a los independentistas.

Sin embargo, el clima que se vive en el Parlamento refleja que, en su afán por ampliar las mayorías, Sánchez está descuidando el flanco izquierdo. Aquellos votos que creía tener asegurados se desmoronan, mientras se abre la opción del centro derecha. No en vano, el presidente consiguió ayer para el decreto de nueva normalidad el apoyo del PP y Ciudadanos, pero no el de Esquerra, JxCAT o EH Bildu, que se opusieron. Los republicanos ya anunciaron su voto negativo como una suerte de llamada de atención ante la necesidad de recuperar el estatus perdido. En Moncloa interpretan estos movimientos del independentismo en clave electoral, pero buscan cuidar la entente manteniendo la cita prevista para julio de la mesa de diálogo con la Generalitat.

Agrios fueron los cara a cara que Sánchez mantuvo con Gabriel Rufián –a cuenta de los GAL y Felipe González– y con Baldoví por la financiación. Compromís se ha desvinculado en las últimas votaciones del bloque de la investidura, en señal de protesta por considerar que se están incumpliendo los compromisos que se fijaron con la Comunidad Valenciana.

Las suspicacias sobre la entente con Ciudadanos trascienden el independentismo, recorren el nacionalismao del PNV –que se reconoce «agua y aceite» con los naranjas– y llegan incluso a la coalición de Gobierno. En Podemos no ven con buenos ojos a Cs como compañero de viaje en la legislatura, pero entienden la estrategia de limitar la dependencia de ERC. No existe preocupación por la capacidad de la formación de Inés Arrimadas para modular la política económica y creen que cuando las cartas de los Presupuestos se pongan sobre la mesa, la alianza natural con las formaciones de izquierdas acabará prevaleciendo.

Hasta entonces quedan aún unos meses y lo cierto es que los socios, incluido Podemos, ante la inminencia de comicios, han optado por marcar perfil propio en asuntos tan espinosos para el PSOE como la comisión de investigación sobre el Rey emérito Juan Carlos I o sobre los GAL y la implicación de Felipe González en la guerra sucia. Una comisión que fue tumbada esta semana en la Mesa del Congreso, gracias al alineamiento de los socialistas con Vox y el PP, pero que los mismos partidos que la promovieron en la Cámara Baja lo han hecho también ahora en la Alta, volviendo a la carga en el Senado. Una ofensiva que enrarece el clima de acuerdos por la izquierda.