Una Sala «conservadora» decidirá sobre las querellas contra el Gobierno

El Tribunal Supremo dio el jueves el pistoletazo de salida para decidir si se investigará al Gobierno o a algunos de sus miembros por la gestión realizada de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, en concreto, por su actuación durante el estado de alarma. Ese día daba traslado a la Fiscalía para que informase sobre si procedía la acumulación de algunas de las 36 denuncias y 15 querellas y, sobre todo, para que se pronunciara, además de la competencia –que es obvia al ser miembros del Ejecutivo los afectados–, sobre «fondo», es decir, si procede o admitirlas a trámites, lo que conllevaría iniciar una investigación o, por el contrario, rechazar de plano la existencia de indicio alguno de responsabilidad penal y solicitar la inadmisión a trámite de las mismas.

El criterio que sostenga la Fiscalía –cuyos dictámenes los emitirá el número 2, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas y en los que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado no intervendrá– será relevante pero en ningún caso ni mucho menos determinante. La decisión final la adoptarán los cinco magistrados de la Sala Penal que conforman en estos momentos, y hasta finales de año, la Sala de Admisión de causas especiales, que, según señalaron a LA RAZÓN fuentes del Supremo la forman Manuel Marchena, como presidente, y los magistrados Juan Ramón Berdugo. Antonio del Moral, Pablo Llarena y Vicente Magro. Si se admitiese a trámite alguna denuncia – donde lo que se exponen son hechos que pueden ser constitutivos de delitos y no es necesario indicar quién o quienes pueden ser los autores de los mismo– o querella, –donde sí hay que especificar contra quién se dirige y qué delito se le imputa– se nombraría al instructor o instructores que correspondiera según el turno establecido en el reparto de las causas.

Los integrantes de esta Sala de Admisión se designan igualmente por un turno establecido y permanecen en la misma durante seis meses, por lo que serán quienes decidan sobre la admisión o no a trámite de cualquier acción penal que se presente contra un aforado desde el pasado día uno hasta el 31 de diciembre.

Se trata de una composición «conservadora». No en vano, Vicente Magro fue presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura; Pablo Llarena también fue presidente de la APM, asociación a la que pertenecen igualmente Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral. Por tanto, cuatro de los cinco magistrados que deben decidir si admiten o no a trámite las denuncias o querellas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis del Covid pertenecen al sector considerado «conservador» de la judicatura. Manuel Marchena no pertenece a ninguna asociación.

Cuatro de los que forman parte de esa Sala tuvieron también una relación muy directa con la causa del «Procés»: Pablo Llarena, como instructor, y Marchena, Del Moral y Berdugo formaron parte del tribunal que sentenció a los líderes independentistas catalanes por sedición al permitir la celebración ilegal del referéndum del 1-O de 2017.

En todo caso, y pese a que la postura de la Fiscalía no será determinante, sí puede tener una incidencia más que notable en la sedición final. Si sostiene que no hay indicios de delito alguno, difícilmente el Supremo entraría a investigar, pero si entiende que al menos hay base para investigar, la probabilidad de que la Sala Penal acuerde iniciar una investigación aumentan de forma notable, al igual que lo es que se proceda a la acumulación de algunas de esas denuncias y querellas, toda vez que en algunos casos los denunciados/querellados y los hechos imputados vienen a coincidir en no pocos supuestos. En todo caso, la decisión final siempre estará en manos de los citados cinco magistrados.

Además de la causa del «Procés», dos de estos cinco magistrados, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral formarán parte de la Sala que el próximo día 17 de septiembre debe resolver el recurso interpuesto por el presidente de la Generalitat Quim Torra contra la condena por desobediencia que le impuso el TSJ de Cataluña.