Iglesias embarra La Moncloa para aparentar fortaleza

Hace dos semanas, el «sector socialista» del Consejo de Ministros filtró a los medios de comunicación el colofón de la enorme chapuza del proyecto de ley de Libertad Sexual con la que, con pretenciosidad, la ministra de Igualdad, Irene Montero, intentaba hacer historia. Era de tan baja calidad y rigor jurídico que la vicepresidencia primera y el Ministerio de Justicia decidieron darle la puntilla antes de remitirla al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Quince días después, es Pablo Iglesias quien ha decidido afear en público a ese mismo sector de ministros el caos reinante en el departamento de Educación de Isabel Celaá a pocos días del comienzo de la vuelta al cole.

No parece el mejor momento para que los socios de la coalición gubernamental aireen sus disputas. Ni para que afloren ahora –cuando toca remangarse con los Presupuestos Generales del Estado– las viejas rencillas, los engaños y las venganzas que quedaban pendientes entre los socialistas y los morados. De hecho, miembros importantes del propio PSOE mantienen serias dificultades para entender los «numeritos» de Unidas Podemos, impropios, aseguran, de un partido de Gobierno.

Varios mandatarios de Ferraz coinciden en lo inoportuno que ha sido para Sánchez que este martes su vicepresidente segundo haya decidido embarrar La Moncloa. Porque lo ha hecho a sabiendas de que el presidente del Gobierno iba a exhibir una supuesta fortaleza política –de la que carece– desafiando a las comunidades autónomas a solicitar la declaración del estado de alarma, con promesa de apoyarla en el Congreso de los Diputados con la mayoría parlamentaria que le sostiene. ¿A qué mayoría se refiere? ¿A sus diputados? Porque Iglesias ha dejado claro que tiene carrete político independiente.

Pero, la puñalada a Sánchez en la espalda de Celaá también tiene una explicación en clave interna. Iglesias desea aparentar ante sus votantes una fortaleza que tampoco tiene. Y ello aunque tanto presidente como vicepresidente segundo hayan llegado, en recientes conversaciones entre ambos, a la convicción de que únicamente les vale salvaguardar su sociedad. Cuestión de pura y dura supervivencia.

Pablo Iglesias tiene dos graves problemas ante sí: su oscuro horizonte judicial y su irrelevante porvenir político. Necesita hacer ruido. Busca desviar la atención. Uno de los sapos por tragar es inminente, cuando el próximo miércoles el ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, le cuente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón todo lo que sabe del «caso Dina», además de lo que le pueda desvelar de otros oscuros manejos del partido morado. Después esperan el juez Juan José Escalonilla, con la «caja B», y la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas con las facturas falsas de la consultora Neurona del perejil de todas las salsas Juan Carlos Monedero.

Aunque si Iglesias tuviera la tentación de disimular su complicado panorama en los tribunales exhibiendo su acción de gobierno… pincharía en hueso. Y es que su agenda legislativa y su capacidad de influir en el diseño de las cuentas públicas y en el reparto de los fondos europeos son casi inexistentes. Los dirigentes de Unidas Podemos empiezan ya a asumir que su jefe no es más que la última víctima de los manejos de Pedro Sánchez.

De los ministros de Iglesias, únicamente Alberto Garzón tiene entre manos algo de cierta relevancia mediática: la Ley del Juego. Con todo, se le avecina un incendio por su empeño en prohibir, sin llegar a escuchar al sector y a los afectados, la publicidad de las casas de apuestas y sus patrocinios deportivos. Sigue dispuesto a hundir a la mitad de los equipos de Primera División de fútbol y a media liga ACB de baloncesto.

Más allá de ese proyecto, el papel de Podemos es un páramo. El futuro de los ERTE no corresponde a la cartera de Yolanda Díaz. Tampoco el diálogo social, que fue asumido hace tiempo por la vicepresidenta Nadia Calviño, el miembro más poderoso de todo el gabinete hasta diciembre, junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Iglesias tampoco puede dejar su sello de «vicepresidente social» en la gestión de la crisis de la Covid sobre las residencias de ancianos, pues lo que no cae bajo la competencia de las comunidades autónomas queda en la órbita del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Irene Montero ha visto naufragar su citada ley de Libertad Sexual. Y qué decir del titular de Universidades, Manuel Castells, cuya escasa actividad conocida ha suscitado la rechifla general, incluso entre sus compañeros de Gobierno.

Por si todo ello fuera poco, la enemiga número uno de Iglesias, Carmen Calvo, da brillo a la Ley de Memoria Histórica con la que Sánchez desea dejar su sello. Tampoco en ese texto, a mayor gloria del sanchismo, ha logrado Iglesias meter la «cuchara». Y eso que el revisionismo histórico es uno de los «dossier» que más rentabilidad política le han dado a los políticos podemitas.

Desde luego, llama la atención que el vicepresidente se haya revuelto justo el día en que los socialistas le salvaban del trámite de explicar en la Carrera de San Jerónimo sus líos judiciales. En paralelo a que la ministra mejor valorada, Margarita Robles, sigue ejerciendo su marcaje interno al secretario general morado, recordándole que «la transparencia siempre es buena».

Sólo queda por ver si en septiembre, José Félix Tezanos llega con su CIS y con su anunciada pregunta sobre la Monarquía, para lanzar a Iglesias un flotador. Sería señal de que el jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo, ha decidido sumar al líder de Podemos en su batalla por desgastar a Calvo como máxima responsable de La Moncloa.