El Gobierno incumple su ley de rectificación ante los bulos

Pedro Sánchez volvió de su periodo de reflexión con la vocación de declararle la guerra a la desinformación, pero más de un año después, parece que el Gobierno ha cambiado de bando y se ha sumado al "ciclo del bulo". Dentro del Plan de Acción para la Democracia que sobrevino como respuesta el Ejecutivo ha ido desplegando algunas medidas, entre ellas, la revisión del derecho de rectificación, con una nueva ley que sustituirá a la que data de 1984 para garantizar este derecho en el contexto actual de la nuevas tecnologías de la información, permitiendo corregir públicamente informaciones falsas o inexactas que causan un perjuicio a los particulares.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió durante su presentación que, ante los cambios tecnológicos y sociales, con la eclosión de medios y plataformas en el ámbito digital que generan contenidos de forma constante, es necesario garantizar que los derechos de cualquier ciudadano estén protegidos frente a injerencias, desinformaciones e informaciones retorcidas e inexactas publicadas en medios de comunicación o difundidas por usuarios de especial relevancia en redes sociales y plataformas digitales. El problema es que el Gobierno y el PSOE, que se encuadran en los perfiles de "especial relevancia" a los que se refería Bolaños, se han convertido ahora en difusores de un bulo sin rectificación. Incumplen su propia normativa.

Y lo son, haciéndose eco de mercancía averiada, de una noticia falsa que aseguraba que un exmando de la UCO "fantaseaba" con atentar contra el presidente del Gobierno. Moncloa lo vendió como un nuevo ataque, parte de la conspiración de la que son víctima, pero el relato, a tenor del literal de los mensajes, no se sostiene. Pronto se descubrió que la conversación estaba manipulada y faltaban varios mensajes que venían a demostrar que, en realidad, lo que estaba diciendo el excapitán de la UCO Juan Vicente Bonilla era que él mismo temía que acabaran con su vida con "una bomba lapa en los bajos" o enviando a "algún sicario venezolano".

La cuestión es que fueron varios los ministros, en su condición de candidatos de la oposición en la Comunidad de Madrid, Óscar López; Aragón, Pilar Alegría; y Andalucía, María Jesús Montero, quienes se hicieron eco de esta cuestión públicamente y en sus perfiles en X. También el PSOE en sus cuentas oficiales en las redes sociales. El ministro de Transformación Digital aseguró: «No puede ser que un cargo público que cobra 60.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del Gobierno». Una apreciación que todavía no se ha rectificado, sigue en su cuenta oficial y también fue compartida por la del partido a nivel nacional.

La ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría, mantiene también, sin rectificación alguna, en su perfil las declaraciones que hizo en un acto de partido en Huesca en el que denunció que estamos "viendo y escuchando declaraciones absolutamente peligrosas" de "un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazando incluso con poner bajo el coche del presidente una bomba lapa". En la misma línea, la ministra de Hacienda se sumó a la crítica de la portavoz del Gobierno y aseguró que la situación era "intolerable" que Bonilla cobre "un sueldo público de los madrileños y de los españoles y se refiera al presidente del Gobierno en términos de amenaza de muerte". Montero, sin embargo, no colgó este corte de su intervención en su perfil público de X.

En la citada ley se establece que serán perfiles de especial relevancia los usuarios que cuenten con más de 100.000 seguidores en una única plataforma, o 200.000 de forma acumulada en varias, "ya que muchas veces sus contenidos tienen un alcance mayor que los medios tradicionales". El PSOE tiene actualmente 887.800 mil seguidores; Óscar López, 36.200 y Pilar Alegría, 48.400 mil, mucho más allá de los estándares que establece la normativa.