Malestar policial ante la posibilidad de que se limite la participación de los agentes en los medios

“La participación en cualquier medio de comunicación social audiovisual, radiofónico, impreso o digital, independientemente de su habitualidad o no, que esté relacionada con la actividad policial o en la que se haga uso de información obtenida por razón de su condición de Policía Nacional, requerirá autorización expresa de la persona titular de la Dirección General de la Policía, quien podrá delegar esta competencia en la persona titular de la jefatura de la Oficina de Prensa y Relaciones Informativas, sin perjuicio del ejercicio de las competencias reconocidas a las organizaciones sindicales en defensa de los intereses laborales y profesionales”.

Este artículo del anteproyecto de Real decreto de Incompatibilidades de los agentes de la Policía Nacional ha levanta un gran malestar en el seno del Cuerpo, al considerar que puede cercenar la libertad de expresión y los derechos de los agentes. La Confederación Española de Policía ya se ha mostrado en contra de lo que considera un “despropósito”, según fuentes del sindicato consultadas por LA RAZÓN. “Es una fórmula tan amplia que lo prohíbe todo”.

Precisan que es un documento que se lleva a una reunión extraordinaria de la Comisión de Personal y Proyectos Normativos del Consejo de Policía de mañana. Es un borrador de Real Decreto sobre un nuevo régimen de incompatibilidades de Policía Nacional (hasta ahora siempre se aplicaba el régimen general, el de todos los funcionarios) que en uno de sus puntos establece la obligación de contar con permiso de la Dirección General para hablar en medios de comunicación, no siendo posible hacerlo si no se cuenta con esa autorización (con la excepción de los sindicatos, siempre que hablen de temas sindicales), recuerdan.

De esta manera, Interior controlaría la intervención de los agentes que habitualmente participan en tertulias o que son llamados para que puedan dar su opinión sobre asuntos meramente policiales que pueden no gustar a algunas autoridades o determinados sectores sociales.

Dichos agentes nunca hacen revelaciones sobre investigaciones en marcha, sino que se limitan a opinar, con nombres y apellidos, sobre diversos asuntos de la actualidad, opiniones que son valoradas por los espectadores, lectores u oyentes que las reciben.

Limitar las intervenciones a los asuntos sindicales, algo que ya está contemplado en la actual normativa, podría impedir la posible intervención de los agentes en los medios de comunicación en los que ahora intervienen, sin que se hayan producido, en general, problemas salvo las discrepancias que conlleva el uso de la libertad de expresión. Además, si algún agente se extralimita existen procedimientos sancionadores, sin que sea necesaria la regulación que se propone en el anteproyecto.