Bruselas, hay españoles que no pueden estudiar en español en su país

Europa debe saber que hay lugares en España en los que se prohíbe a los alumnos estudiar en la lengua común y oficial del país; que las protestas por esta prohibición ante las autoridades de esos lugares son ignoradas y a los que protestan se les trata de apestados; y que la Administración en manos de esas autoridades incumple las sentencias de la justicia y estimula que se acose e insulte también a los jueces ante la pasividad y la apatía cómplice del Gobierno.

¿Cómo hemos llegado a esto? Son muchos años ya desde el gran pacto constitucional en favor de la promoción del patrimonio lingüístico y cultural de la nación. Son muchos años desde que se generalizó la escolarización en lengua materna para el euskera, el catalán y el gallego. En Cataluña más de la mitad de la población tiene como lengua materna el español, pero para ellos no existe ese derecho que auspicia la UNESCO.

Por eso hoy, 12 de octubre, en el que celebramos también el español como patrimonio universal, estamos en Bruselas con organizaciones de Cataluña –las que pelean por el 25% y el bilingüismo–, Baleares, la Comunidad Valenciana y Navarra. Con aquellos que luchan contra viento y marea por la educación bilingüe y multilingüe, para que no haya exclusión del español como lengua vehicular en la enseñanza.

Lo primero que hay que decir es que esta batalla no es sólo lingüística: es una batalla por el pluralismo y por la libertad.

Hay familias en la UE, y en 2022, que no pueden ejercer sus derechos porque un gobierno regional ultraidentitario no se lo permite, porque quiere imponer exclusivamente el monolingüismo, violando las decisiones de la justicia sobre el derecho a cursar al menos un 25% de las asignaturas en español y exigiendo a los centros públicos de enseñanza que no impartan ninguna asignatura en castellano. Ensayan incluso los resultados de la persecución lingüística de los niños en el recreo.

Van tejiendo una práctica monolingüista con los años bajo una estrategia obsesiva sobre el peligro de extinción de lenguas que, en realidad, están fuertemente apoyadas en todos los ámbitos públicos y sociales. En su obsesión, los intereses pedagógicos de los menores pasan a segundo término. Ni siquiera hay piedad para los niños con necesidades especiales, con sordera o del espectro autista, que necesitan encarecidamente trabajar en lengua materna.

Han convertido a escolares y familias en vasallos de la llamada «normalización lingüística» en lugar de ciudadanos que pueden elegir o no la inmersión lingüística u otros métodos flexibles de aprendizaje multilingüe en sociedades abiertas. Lo que, por cierto, elige el Consejero de educación para sus hijos en la escuela privada.

Los gobiernos de la nación, unos y otros, han tenido cerrados los ojos para no tener que enfrentarse a una realidad que no les venía bien; y no, no han protegido a las familias, no ampararon la libertad de conciencia. Y ahora, ante algo claro y concreto como la introducción de un mínimo de lengua vehicular en español, el Gobierno permanece imperturbable a la difamación y acoso moral contra estos ciudadanos que reclaman sus derechos, y mira hacia otro ante el incumplimiento de las sentencias de los tribunales. Este Gobierno al que se llena la boca con la palabra diálogo cuando justifica tender puentes con los sediciosos ultraidentitarios.

Estamos hablando, pues, de la esencia del pluralismo, de los fundamentos de los Estados democráticos y de la lengua como tabú. Estamos hablando de la libertad y de las amenazas que sufre a manos de los regímenes ultraidentitarios nacionalistas excluyentes, precisamente los que han llevado a Europa al desastre en tantas ocasiones.

Hay quienes eligen no mirar el problema, no ver, no pensar que la inmersión forzada y obligatoria no es la manera óptima de educar a los niños y niñas, que tiene un fondo rabiosamente xenófobo e hispanófobo. Hay quienes optan por encogerse de hombros ante el incumplimiento de sentencias, ignorar el sufrimiento de tantas familias, desdeñar estas agresiones contra la ciudadanía. Nosotros, los que hoy estamos en Bruselas para hablar de este viejo monstruo con caras nuevas que está ya presente en varias comunidades autónomas, elegimos mirar el tabú.

También nos comprometemos a trabajar para que se reformen los Tratados, y que la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, bajo supuestos extraordinarios, adquiera un carácter universal de forma que todos los ciudadanos puedan invocarla al pedir amparo en los tribunales nacionales cuando son sus propios Estados los que la incumplen.

Se lo debemos a esos héroes a su pesar, avasallados en plena democracia, y despreciados tantas veces, que luchan con tenacidad y escasas ayudas para defender la ciudadanía completa también en la educación en una sociedad abierta y moderna. Y pedimos por eso a la UE que investigue y actúe, porque no es sólo la competencia de educación lo que está en juego, sino el propio ejercicio del pluralismo y de la libertad de conciencia que fundamentan el Estado de Derecho en la Unión.