El VAR y los corsarios

«Dado que el Gobierno no respeta el Estado de derecho, la oposición tiene que garantizar la democracia en nuestro país», dijo ayer por la mañana el líder popular. Ha mejorado su planteamiento. Hace unos días le dijo a Alsina que la oposición «debía proteger el Poder Judicial». Alberto Núñez Feijóo se quiere convertir así en juez y parte, valga la redundancia. Quiere frenar una reforma antes de que sea aprobada por el Congreso de los Diputados. Ahí es nada. Es una acción preventiva para mantener el veto del Partido Popular a la renovación de los órganos constitucionales previstos en la Constitución y avalar el bloqueo por parte de los jueces conservadores del Consejo General para evitar los cambios. Es tanto como utilizar el VAR antes de que el penalti se haya cometido.

Seguramente, las formas por las que los partidos que dan apoyo al Gobierno para vencer la resistencia a los cambios constitucionales no son las mejores, pero es el único camino que ha dejado libre la oposición del Partido Popular a realizar los cambios constitucionales. Una negativa que se basa en ganar en los despachos de los jueces lo que no pueden ganar en los debates del Congreso de los Diputados. Los argumentos son peregrinos y volvemos al VAR. Dicen que el Gobierno quiere tener la mayoría a su favor en el Constitucional y en el Consejo del Poder Judicial. Una mayoría que puede tener porque el PSOE ganó las elecciones, aunque quizá no lo recuerden. Lo mejor es lo que sucede en el CGPJ que ahora quiere, el sector conservador of course, votar a la carrera los nombramientos de los dos magistrados que le corresponden.

Lo han vetado durante semanas, meses, haciendo el sector conservador de su capa un sayo. Ahora le entran las prisas porque los cambios modifican las reglas, una modificación provocada por su empecinamiento en bloquear los nombramientos. Un empecinamiento protagonizado por jueces con el mandato tan caducado que el cadáver ya huele. De momento, el presidente ha fijado el pleno para el día 20, pleno que se celebrará antes de que entre en vigor la nueva normativa.

Todo esto tiene un calificativo: enfrentamiento institucional. La derecha, política y judicial, señala al Gobierno que lo dibuja como un grupo de corsarios al asalto de las instituciones. La verdad es la contraria. La derecha, política y judicial, actúan como corsarios para defender sus prebendas en las instituciones a sabiendas que están incumpliendo la constitución. Francis Drake fue un héroe para los británicos. Un corsario al servicio de Su Majestad frente al imperio español. Para los españoles un pirata asesino y sanguinario que ponía el acento en sus propios intereses personales. Ahora según el prisma con el que se mire la realidad queda deformada. Y si no se consigue, se tira de VAR para evitar taponar las decisiones democráticas del Congreso.

En su afán de justificar sus acciones, el PP tira de hemeroteca y saca a relucir el intento del PSC de evitar los desmanes de Puigdemont y los suyos en el Parlament en los duros momentos del 17. Vamos que el PP reconoce que el PSC es un partido constitucionalista mientras que en paralelo lo acusa de ser poco más o menos que colaboracionista para la celebración de un referéndum de independencia que solo existe en la mente de ERC, y en la mente de aquellos que envueltos en la bandera española quieren acusar al presidente Sánchez de romper España.

Nunca una propuesta independentista, de un partido independentista, ha sido teñida de verosimilitud por los defensores a ultranza de la unidad patria. Que en Cataluña se tendrá que votar lo ha repetido el PSC durante años, pero votar no implica necesariamente poner la independencia sobre la mesa. Lo pide ERC. Nadie más. Ni siquiera la CUP y Junts que siguen diciendo que el 1-0 sigue siendo lo válido. Lo lamentable, lo triste, lo deleznable, es que tenga el aval de la derecha española. Todo vale para atacar a Sánchez. Quizás ahora Feijóo diga algo más para salvarnos del peligro que nos acecha.