El Gobierno ha vetado la posibilidad de empezar a debatir y votar en el pleno del Congreso del martes la reforma del “solo sí es sí”. El PP reclamó ayer a Moncloa que diera su conformidad (trámite obligatorio) a la proposición de ley que presentaron los populares el pasado 16 de diciembre para modificar los “efectos indeseados” de la norma (rebaja de penas a agresores sexuales), pero el Gobierno lo ha rechazado.

Eso supone retrasar los plazos de tramitación de la reforma de la ley pese a la alarma social porque continúa el goteo de rebajas penales a agresores sexuales. También es cierto que una reforma legal ya no impediría estas modificaciones de penas a los que ya tienen sentencia, pero sí tendría impacto de cara a futuras a condenas. Mientras tanto, PSOE y Podemos siguen negociando la elaboración de una proposición de ley propia que modifique esos “efectos indeseados” y, teniendo en cuenta el clima de división en el que se encuentran por esta cuestión, se pueden dilatar los plazos. Ahora mismo, ni socialistas ni morados parecen cerca de un acuerdo, a pesar de que hay quien sitúa en horas o días el registro de una proposición de ley por parte del partido de Pedro Sánchez.

En cualquier caso, el Gobierno ha evitado atender la propuesta del PP y, si no da su conformidad explícita, de forma automática quedará habilitada para ir a pleno el 2 de marzo, según los plazos que marca el Reglamento del Congreso. Es decir, hasta dentro de un mes no podría debatirse. Tal y como marca el artículo 126, las proposiciones de ley se registran, luego tienen que ser admitidas a trámite por la Mesa y remitidas al Gobierno para que manifieste en 30 días su conformidad (solo tiene capacidad de veto si la ley supone un aumento de gasto o disminución de ingresos). “Transcurridos treinta días sin que el Gobierno hubiera negado expresamente su conformidad a la tramitación, la proposición de ley quedará en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración”, señala el artículo 126.

De esta forma, el Gobierno tiene capacidad para retrasar la tramitación de leyes de la oposición. No obstante, los populares tampoco se han quedado de brazos cruzados y la secretaria general, Cuca Gamarra, envío ayer por la tarde una carta al ministro Félix Bolaños para que permita la tramitación de esta norma. En esa misiva, Gamarra pide que se desbloquee esta norma dadas “las circunstancias graves” ya que se han rebajado las penas a 338 delincuentes sexuales. Poco antes de esa carta, en la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra también había pedido lo mismo al secretario de Estado de relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

En todo caso, lo cierto también es que la proposición de ley de los populares choca con los planteamientos de la izquierda porque plantea elevar las penas de seis a doce años si la víctima demuestra que se ha cometido una agresión sexual con “violencia o intimidación”. Si no hay violencia o intimidación y la agresión sexual consiste “en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales”, las penas se mantienen en entre cuatro y doce años: es decir, se mantiene tal y como está ahora el artículo 179. Eso, según la izquierda, supone que las víctimas sufran un “calvario probatorio”. No obstante, la ley puede empezar su tramitación y, después ser enmendada por los grupos de izquierda para que el texto final se acabe adaptando a sus planteamientos.

La propuesta legislativa del PP plantea seis cambios en el Código Penal, todos ellos correspondientes al Título VIII relativo a los delitos contra la libertad sexual, en los artículos 178, 179, 180 y 181. En el artículo 178, que recoge penas de uno a cuatro años para los delitos de agresión sexual, se añade un cuarto punto en el que se especifica que “si la agresión se cometiera empleando violencia o intimidación se impondrá, en todo caso, la pena de uno a cinco años de prisión”.

La proposición de ley sobre el “sí es sí” no irá y, en cambio, sí irá otra relacionada con los parques nacionales, también impulsada por los populares. Todo apunta a que tanto si PSOE y Podemos llegan a un acuerdo como si no, el siguiente pleno del 14 de febrero irá la proposición de ley de la izquierda sobre el “sí es sí”, por lo que dejará esta del PP prácticamente sin recorrido cuando se debata en marzo. La propuesta de ley del PSOE, si supera la toma en consideración el 14 de febrero, podría recibir el plácet definitivo poco más de un mes después.