Abogados Cristianos lleva al Supremo el proceso para catalogar los símbolos contrarios a la memoria democrática

Abogados Cristianos ha interpuesto una demanda en el Tribunal Supremo contra el decreto que el pasado noviembre estableció el procedimiento para confeccionar el catálogo estatal de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

La Fundación denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado la iniciativa mediante un procedimiento viciado, a través de una consulta pública realizada en periodo inhábil, en pleno mes de agosto -entre los días 5 y el 19-, lo que impidió "una participación ciudadana real y efectiva".

Se llevó a cabo de esta manera, señala, "una merma en las garantías de participación pública y transparencia, tal como denunció la Comunidad de Madrid en su

informe, señalando que la actividad administrativa y laboral reducida en dicho periodo impidió la difusión y conocimiento de la iniciativa".

Además, critica la declaración injustificada de urgencia acordada por el Consejo de Ministros, lo que según pone de relieve redujo plazos esenciales y limitó el debate público, "sin acreditar circunstancias extraordinarias" que lo justificaran.

Cuestiona la urgencia

La Fundación católica hace suyos los argumentos de la Comunidad de Madrid que inciden en que "resulta difícil comprender por qué el desarrollo reglamentario de una ley que lleva más de dos años en vigor requiere ahora este tipo de tramitación que implica que los plazos para la realización de los trámites se reduzcan a la mitad".

Así las cosas, considera que la declaración de urgencia "tuvo efectos lesivos reales", pues "redujo los plazos de audiencia e información pública a tan solo siete días hábiles (del 21 de noviembre al 3 de diciembre)", una "reducción drástica" que según afirma "impidió un análisis sosegado y técnico por parte de las entidades afectadas, las asociaciones memorialistas, las comunidades autónomas y la ciudadanía en general".

"El uso combinado de una consulta pública en agosto y una tramitación urgente injustificada en noviembre denota una voluntad de la Administración de eludir el debate público y técnico, incurriendo en desviación de poder y viciando de nulidad el real decreto aprobado", destaca.

Abogados Cristianos alerta de que esta norma permite "la catalogación y eliminación de símbolos cristianos, como cruces en espacios públicos o monumentos históricos, bajo interpretaciones ideológicas que vulneran la libertad religiosa y ponen en peligro el patrimonio cultural".

Alegaciones de Madrid y Castilla y León

La demanda advierte también de un grave conflicto competencial, ya que varias comunidades autónomas, como Madrid y Castilla y León, advirtieron de que el decreto invade supuestamente competencias exclusivas en materia de patrimonio histórico y otorga al Estado un monopolio en la retirada de símbolos.

"A pesar de estas advertencias sobre la invasión competencial y la inseguridad jurídica -pone de relieve-", la Administración central desestimó estas observaciones "por no aportar elementos sustantivos que afectaran al contenido del real decreto".

El decreto, asegura, "establece un procedimiento para catalogar y remover símbolos considerados contrarios a la memoria democrática, incluyendo potencialmente cruces y elementos cristianos asociados a periodos históricos". Por lo que una sentencia estimatoria de la demanda, argumenta, supondría para la asociación demandante al menos un beneficio "de índole moral, al preservar la integridad de símbolos religiosos y la memoria de mártires cristianos asesinados durante la Guerra civil española".

Abogados Cristiano defiende su "interés legítimo" para recurrir la decisión el Gobierno "al haber un claro interés directo entre los fines, lo previsto en los Estatutos y la actividad administrativa recurrida, la cual establece un procedimiento para la confección de un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, que podría suponer la retirada o destrucción de cruces y símbolos cristianos, así como la eliminación de memorándums a mártires cristianos durante la Segunda República y la Guerra Civil española". Esta legitimación, añade, "no se reduce a un mero interés por la legalidad, sino que implica una afectación efectiva en la esfera de intereses colectivos que la asociación defiende".

Retirada de símbolos

Asimismo, esgrime que el Gobierno invade la "competencia exclusiva" de comunidades autónomas como Madrid y Castilla y León sobre el "patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés" regional.

Como señaló la Junta de Castilla y León en sus alegaciones -recuerda- "la regulación de los Lugares de Memoria no debería ser parte de un decreto cuyo objeto principal es la retirada de símbolos".

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que el Ejecutivo "pretende eliminar cualquier elemento que refleje que España es cristiana". "No podemos permitir que se utilice la memoria como excusa para derribar cruces y eliminar símbolos religiosos por pura ideología política. La historia de España no se puede reescribir a golpe de decreto", asegura.