Así cayó la "trama Forestalia": comisiones y "mentiras" de la Administración sobre sus proyectos

El destape de la trama de corrupción pública en torno a Forestalia tiene su origen en una denuncia presentada por la Asociación Apoyo a Teruel Existe.

En ella, se alertaba de la posibilidad de que se estuviera cometiendo un delito medioambiental con la infracción de la normativa sobre evaluación ambiental que afectaría a espacios protegidos de la Red Natura 2000 y a áreas con planes de recuperación de especies amenazadas o protegidas de la provincia turolense.

Se advertía, asimismo, sobre diferentes irregularidades en la tramitación de proyectos de plantas fotovoltaicas y parques eólicos que Forestalia tenía a largo de Teruel, así como de supuestas ilegalidades en la externalización de empresas de apoyo técnico y administrativo. Los negocios de esta empresa con las renovables era un asunto que generaba debate, tal y como reconoce el auto del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel conocido por LA RAZÓN.

Las primeras actuaciones fueron las preprocesales que inició la Fiscalía Provincial de Teruel y en base a las que se acordó el encargar un informe a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil para aclarar la "realidad de los hechos" denunciados por la mencionada asociación.

Los investigadores comenzaron, entonces, una investigación "compleja y procelosa" que confirmó la existencia de presuntos comportamientos que coincidirían con delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y cuyos autores podrían constituir una organización criminal. El magistrado no se descarta la existencia de perjuicio por delitos medioambientales.

A "grosso modo", y antes de que se produjesen los registros en las mercantiles implicadas y domicilios de los principales imputados, las pesquisas ya pusieron de manifiesto comportamientos irregulares por parte de los altos cargos de la Administración, del Ministerio de Transición Ecológica, a nivel nacional, y, en lo relativo Aragón, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).

El papel de los organismos públicos era "informar favorablemente sobre proyectos relacionados con las energías renovables, a sabiendas de que no cumplían con los requisitos legales y reglamentarios exigidos". Todos estaban relacionados con Forestalia y, a cambio, altos cargos como el ex director general de Evaluación Ambiental de Teresa Ribera recibían una contraprestación económica, una "mordida".

Según la Benemérita y el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, el entramado era "complejo", utilizaban empresas interpuestas, constituidas en 2023 y todas ellas vinculadas a Forestalia, para materializar las prestaciones y blanquearlas, sacándolas de su control.

El excargo de Ribera

La atención está puesta en el ex director general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, Eugenio Jesús Domínguez Collado. Es el principal investigado. Se le acusa de asignarse a sí mismo la práctica totalidad de los proyectos de energías renovables presentados por promotores pertenecientes al Grupo Forestalia y de crear un sistema de tramitación paralelo, derivando estos expedientes a la empresa pública Tragsatec para su evaluación bajo su supervisión directa.

La autoasignación de los proyectos de Forestalia por parte de Domínguez, calificada de "extraordinaria" por múltiples testigos, fue el acto clave que permitió todas las irregularidades posteriores. Esta acción creaba una "caja negra" en la que los expedientes desaparecían del circuito de supervisión ordinario, concentrando en su persona un conflicto de funciones al ser supervisor y gestor a la vez.

El notario madrileño

El notario Javier de Lucas y Cadenas, que ofrece sus servicios en la calle Miguel Ángel de Madrid, resultó clave en el entramado de la organización, según resulta de la información ofrecida por la fuerza actuante

Sobre esta notaría, la UCOMA señaló que su titular es un cooperador necesario en el posible delito de blanqueo de capitales. Dado que su intervención fue la herramienta esencial para garantizar la opacidad en las transacciones societarias empleadas para canalizar los presuntos pagos al ex alto cargo Collado.

Facilitó la firma de contratos privados de compraventa de participaciones sociales mediante la figura del "acta de depósito", en lugar de elevar a público el contrato. Los documentos se introdujeron en sobres cerrados custodiados en la caja fuerte de la notaría.

Al utilizar esta técnica de depósito, las operaciones no quedaban registradas en el Índice de Actividad Notarial, impidiendo la trazabilidad de los cambios de titularidad real de las empresas por parte de las autoridades.

Dicha actuación ya se considera poco rigurosa, pero además para poder llevar a cabo la ocultación de esta actuación el notario De Lucas obvió diferentes obligaciones que le impone la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales como sujeto obligado, permitiendo que la ocultación de la contraprestación presuntamente ilegal.

Dos hermanos testaferros

Al investigado Eduardo Pérez Águeda se le atribuye por parte de los investigadores e el papel de principal testaferro e intermediario societario fundamental dentro de la organización.

Su función principal era actuar como nexo en las relaciones entre el ex cargo público y Forestalia, facilitando la canalización de presuntas contraprestaciones. Figura como representante de un elevado número de mercantiles, destacando Caliope Innova S.L., utilizada presuntamente como matriz para la compraventa de participaciones sociales de otras empresas determinantes en la estructura de la organización criminal como Caliope Smart Energy, Caliope Energy Greem o Babieca Investment Renewable.

Por su parte, Roberto Pérez Águeda, hermano del anterior, se entiende que desempeña un papel fundamental también como testaferro en el entramado societario creado para el blanqueo de capitales y la ocultación de beneficios ilícitos.