Las sospechas de irregularidades y las denuncias ensombrecen el fulgurante crecimiento de Forestalia

En los apenas trece años de vida que tiene, Forestalia se ha convertido en uno de los referentes de la promoción de energías renovables en España. La compañía aragonesa fundada por el empresario zaragozano Fernando Samper factura cerca de 100 millones de euros al año (según las últimas cuentas públicas, las de 2022). Más de 2 gigavatios (GW) de instalaciones fotovoltaicas, eólicas y de generación a partir de biomasa promovidas por Forestalia se han construido hasta la fecha y su actual cartera de proyectos en desarrollo supera los 8 GW en comunidades autónomas como Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cataluña o La Rioja. Su actividad ha permitido que Aragón se haya convertido en la región donde más han crecido las energías renovables en España. El territorio lidera la instalación de estas infraestructuras con un 13% de la generación de energía del país, exportando el 44% de su producción.

Pero el fulgurante crecimiento de la compañía, que despegó al convertirse en la inesperada ganadora de la primera subasta de potencia renovable de la historia de España que tuvo lugar en enero de 2016, ha despertado recelos. Hasta el punto de que contra la compañía se han interpuesto varias denuncias en los tribunales y que en las Cortes de Aragón hay en estos momentos en marcha una comisión de investigación que arrancó el día 9 de febrero para esclarecer si durante el mandato del socialista Javier Lambán se cometieron irregularidades en la adjudicación de licencias para la construcción de instalaciones renovables, con buena parte de los focos centrados en Forestalia.

Denuncias

El núcleo de las sospechas sobre la relación entre Forestalia y el anterior gobierno socialista lo plasmó en varias denuncias Teruel Existe en diciembre de 2022. La plataforma ciudadana trasladó entonces a las Fiscalías de Zaragoza, Huesca y Teruel, así como a la General del Estado, denuncias de quince casos en los que alertaba de posibles «irregularidades» que podrían constituir un posible delito medioambiental en distintos proyectos eólicos y fotovoltaicos repartidos por diferentes localidades de las tres provincias de la comunidad aragonesa.

En sus denuncias, Teruel Existe denuncia que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), organismo público encargado de resolver los expedientes sobre renovables a nivel autonómico si no son de gran entidad, ha realizado desde 2021 contratos con tres empresas para apoyo técnico y administrativo para la tramitación de expedientes. Pero estas compañías, según la plataforma, han elaborado asimismo para los promotores de los parques, incluido Forestalia, estudios de impacto ambiental que son objeto de esta evaluación y tienen «algún tipo de relación de interés con el promotor del expediente», lo que, a su entender, constituye como mínimo un conflicto de intereses.

Teruel Existe también ha denunciado la fragmentación de los parques para que no superen los 50 megavatios de potencia instalada. De esta manera, se saltarían el control del Gobierno central y no tendrían que ser aprobados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), quedando la resolución del expediente en manos del Inaga, organismo que dirige Jesús Lobera, un histórico del socialismo aragonés.

Defensa

A las acusaciones vertidas en las denuncias, Lobera ha contestado públicamente asegurando que las consultoras fueron contratadas para analizar los parques ante el aluvión de expedientes que debían presentar actas de compatibilidad de cada expediente supervisado y que, «en ningún caso», llegaron a intervenir en parques en los que previamente habían colaborado. También ha añadido que la fragmentación de los proyectos en ningún caso rebajó el grado de control, ya que en todos los casos se analizaban los efectos acumulativos con todos los parques planificados y en funcionamiento, además de actividades en su área de influencia que pudieran ser relevantes para el impacto ambiental del proyecto.

A pesar de las explicaciones, y como prometió en campaña, Jorge Azcón, presidente popular de Aragón, ha puesto en marcha una comisión de investigación con el apoyo de Vox en las Cortes de Aragón para esclarecer los hechos. En la primera sesión, los representantes de las compañías negaron cualquier tipo de irregularidad y aseguraron que cumplen con los mismos requerimientos que en otras comunidades autónomas.

El compareciente más esperado, Luis Marruedo, ex alto cargo en los gobiernos de Marcelino Iglesias y Luisa Fernanda Rudi y ahora directivo de Forestalia, negó en la primera sesión de la comisión que haya «fraude de ley» ni que se «burlen» procedimientos por el hecho de tramitar proyectos de 50 megavatios, que son más viables. De hecho, afirmó que se han sometido más al control del Ministerio para la Transición Ecológica que al del Gobierno de Aragón y negó que el hecho de corregir un proyecto tras someterse al trámite de información pública obligue a sacarlo de nuevo, salvo que tenga efectos significativos.

El Partido Popular se ha mostrado especialmente escéptico respecto a la relación entre el anterior gobierno regional socialista de Aragón y los promotores de energías renovables y, en algunos casos, ha aireado públicamente sospechas que dejan en un lugar cuanto menos incómodo estas relaciones. Hace unas semanas, en un pleno de la Diputación de Teruel, su presidente, el popular Joaquín Juste, alcalde también de Lidón, aseguró que era «inaudito que el delegado territorial del Gobierno de Aragón [en Teruel] acompañe a una empresa a hablar con los ayuntamientos para que firmen en favor de esa empresa». «No me pueden decir que es mentira. En esas reuniones he estado yo como alcalde de mi pueblo», espetó a los socialistas que le recriminaron tal afirmación. Aunque Lidón no hizo referencia expresa a Forestalia, muchos interpretaron que «la empresa» a la que se refería era la aragonesa.

Las denuncias contra Forestalia no se han detenido pese a la puesta en marcha de la comisión parlamentaria. Hace apenas unas semanas, Teruel Existe llevó a los tribunales la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del megaproyecto Clúster Maestrazgo, integrado por 22 parques eólicos con 882,85 megavatios de potencia total a instalar por Forestalia. La denuncia asegura que hay 84 aerogeneradores (de entre los 125 proyectados) localizados en territorios de Red Natura 2000; 91 en Zonas de Sensibilidad Ambiental Máxima (según la propia zonificación del Ministerio para la Transición Ecológica); diez kilómetros de línea de Alta Tensión en espacios naturales protegidos y una superficie deforestada equivalente a 1.200 campos de fútbol.

Aunque la DIA del ministerio ha sido igualmente favorable para el proyecto, Teruel Existe afirma que Transición Ecológica «prácticamente copia en todo la propuesta del Inaga».

En mayo del año 2021, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) aseguró también que «todos los parques eólicos que conforman el Clúster del Maestrazgo afectan a espacios Natura 2000, la red de las zonas de mayor valor ecológico en Europa».