Cargos de la Junta hicieron gratis un máster pagado con el «fondo de reptiles»

Que el «fondo de reptiles» de la Junta destinado a empresas en crisis se convirtió en un cajón de sastre lo ha evidenciado la instrucción del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que ha dirigido la jueza Mercedes Alaya, ahora en manos del Tribunal Supremo. Se concedieron ayudas a entidades de diferente naturaleza, de forma discrecional y al margen de la legalidad, según las tesis de la instructora, al amparo de un convenio firmado por la Consejería de Empleo en 2001 cuyo objetivo era «mejorar la gestión, el desarrollo tecnológico y la comercialización de las empresas andaluzas». Un teórico fin que permitió incluso que altos cargos del Ejecutivo andaluz recibieran un curso formativo gratis.

Uno de los receptores de ese dinero, según se puede rastrear en el sumario de la causa, fue la Fundación San Telmo. Se trata de una institución independiente sin ánimo de lucro, cuyo fin «es el desarrollo económico y empresarial del sur de España y de algunos sectores y colectivos a nivel internacional», según se explica en su página web. En dicho sitio de internet se relata que se constituyó mediante escritura pública el 28 de julio de 1982, fue inscrita en el Registro de Fundaciones Culturales de la Junta el 27 de junio de 1983 y está reconocida «de interés público por orden de la Consejería de Educación y Ciencia» el 27 de junio de 1999. Cuenta con dos sedes permanentes: una en Sevilla, cedida por la Diputación Provincial, y otra en Málaga, producto de un acuerdo suscrito con el Ayuntamiento de esa capital.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Alaya, incluyó varios pagos a esta entidad en el listado de fondos públicos irregulares, procedentes de la partida 31L, el mencionado «fondo de reptiles». A la luz de ese desglose, el Gobierno autonómico pagó a la Fundación San Telmo 252.000 euros el 26 de enero de 2004; 260.000 el 6 de febrero de 2007; esa misma cuantía el día 9 de ese mes y 280.000 el 17 de agosto de 2009. Lo que significa que en total la entidad habría recibido 1.052.000 euros procedentes de la partida presupuestaria cuyo uso se encuentra bajo el escrutinio de la Justicia.

Fuentes vinculadas a la causa y a la Consejería de Empleo aseguran a LA RAZÓN que esos fondos públicos tuvieron una contrapartida: «Cargos directivos y funcionarios de alto nivel de la Junta, de Empleo y de otras consejerías, miembros de distintos partidos procedentes de administraciones diversas; de sindicatos y de organizaciones empresariales hicieron un máster en dicha fundación "becados", sin pagar un euro» de su bolsillo. Asistieron «en grupos de en torno a cincuenta», afirman.

Aluden en concreto a un curso de Alta Dirección de Instituciones Sociales (ADIS), una formación específica «para el perfeccionamiento de los altos directivos en las tareas de gobierno de instituciones públicas, privadas sin ánimo de lucro, ONG...», según se apunta en la web de la entidad, al que los «becados» habrían acudido tanto en la sede sevillana como en la malagueña. Fuentes de la fundación admiten, preguntadas por este asunto, que «durante varios años se llegó a un acuerdo con alguna consejería, en virtud del cual enviaban para que se formaran a quienes consideraban oportuno desde la Junta». Grupo al que luego el comité de admisión tendría que dar el visto bueno. Reconocen que durante diversos periodos de «tres meses» compartieron aula «entre cuarenta y cincuenta» de esos alumnos, de distinto signo político.

Desde la institución San Telmo quieren dejar claro que la fundación «impartió esos cursos», proporcionó la formación, y «recibió lo acordado». Es más, señalan que cuentan con muchos alumnos «cuyos másteres los abona su empresa y no ellos», sociedades privadas en ese caso. Insisten en un mensaje en cuanto a su papel: «Servicio dado, servicio cobrado», recalcan.

Las mismas fuentes del «caso ERE» consultadas añaden que los beneficiarios de «ese curso de formación gratis, a cuenta de convenios suscritos con lo público» no sólo procederían de la Administración regional. Aseveran que «en virtud de otros acuerdos con alguna diputación, por ejemplo, grupos de políticos, muchos de ellos alcaldes, también consiguieron su título ADIS», deslizan.

Asuntos pendientes

- La titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se incorporó el pasado lunes al trabajo a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su exposición razonada relativa a la vinculación de los aforados en la causa.

- No es el único tema que tiene pendiente la magistrada, que también investiga el destino del dinero de los cursos de formación impartidos por distintas empresas y organizaciones en Andalucía en los últimos años.

- Alaya también investiga las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía en las subvenciones que por valor de 49,5 millones de euros recibió la Faffe, una fundación de la Consejería de Empleo que impartía cursos de formación para parados. Este asunto está conectado con las ayudas recibidas por el ex consejero Ángel Ojeda, por lo que es previsible que la jueza asume este caso.