Política

El Parlament aprueba la «desconexión» justo antes de recibir dinero del Estado

Junts pel Sí y la CUP activan la ponencia que elaborará la Hacienda catalana en tres meses sin la participación de la oposición.

Raül Romeva
Raül Romeva

Junts pel Sí y la CUP activan la ponencia que elaborará la Hacienda catalana en tres meses sin la participación de la oposición.

El proceso de independencia de Cataluña ya no es sólo declarativo. La vía de los hechos ha comenzado. El Parlament puso ayer en marcha la ponencia que debe redactar la ley de la Hacienda catalana, una «estructura de Estado» que los soberanistas consideran esencial para hacerse con la caja de los impuestos. Los grupos de Junts pel Sí y la CUP iniciaron solos este camino, puesto que los grupos de la oposición (Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya Sí que es Pot) se negaron a participar en este organismo legislativo que tan siquiera cuenta con la aprobación de los letrados del Parlament y que ya ha sido recurrido al Tribunal Constitucional (TC) por el PSC. Hoy hará lo propio Ciudadanos y en breve se unirá también el PP.

«Seguiremos avanzando por el camino emprendido, con independencia de lo que diga el TC y de las amenazas del Gobierno del Estado», anunció el diputado de Junts pel Sí, Roger Torrent (ERC), que será uno de los ponentes de la ley junto a Maria Senserrich (CDC), Anna Gabriel (CUP) y Eulàlia Reguant (CUP). El resto de grupos evitó designar a sus ponentes en protesta contra este procedimiento legislativo. «Nos preocupa relativamente poco lo que pueda decidir el TC. Estamos cumpliendo un mandato democrático y primero está el compromiso con los ciudadanos de Cataluña, que debe transformarse en actividad parlamentaria más allá de lo que puedan opinar tribunales, jueces y de las amenazas del Gobierno», añadió Torrent.

De sus palabras se deduce que Junts pel Sí y la CUP han optado finalmente por dar desarrollo a la declaración rupturista que el Parlament aprobó el pasado 9 de noviembre, la cual calificó al TC de tribunal «deslegitimado y sin competencia». «El proceso de desconexión democrática no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español», proclamó. El Constitucional anuló al cabo de pocas semanas esta declaración, pero los soberanistas subrayaron que para ellos conservaba todo el valor político con independencia de su eficacia jurídica.

Los grupos de la oposición, disconformes con la manera de proceder del bloque soberanista, salieron en tromba a los pasillos del Parlament para manifestar su desaprobación. «Es delirante», dijo el diputado del PP Alejandro Fernández, en alusión a una ponencia en la que sólo participarán dos grupos. Precisamente, los letrados del Parlament subrayaron en su informe que el procedimiento de una ponencia está diseñado para desarrollar materias básicas del autogobierno que suscitan un gran consenso. El caso de la Hacienda catalana no reúne ninguna de las circunstancias. «Participar en las ponencias significa tanto como estar en contra de los servicios jurídicos del Parlament», dijo en la misma línea el diputado del PSC, Òscar Ordeig.

Los argumentos

El vicepresidente del Parlament y miembro de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, recordó que el TC ya anuló la declaración rupturista del Parlament y que, por tanto, «las leyes de desconexión» que preveía no pueden impulsarse. «Esto en derecho se llama fraude de ley», dijo el dirigente de C’s.

Menos contundente fue el portavoz adjunto de Sí que es Pot, Joan Coscubiela, ya que consideró «absolutamente legítimo» que JxSí y la CUP impulsen las tres «leyes de desconexión» –en alusión a la de Seguridad Social y a la de régimen jurídico–, y no ve adecuada la fórmula de las ponencias conjuntas. Según Coscubiela, deberían presentar un borrador de la ley que pretenden impulsar y después debatirlo con el resto de grupos: «No les podemos hacer el trabajo», dijo.

Pero los diputados de JxSí se mostraron inmunes a todos estos argumentos. Roger Torrent subrayó que la ponencia «empezará a trabajar de inmediato» para elaborar en tres meses un texto que posteriormente será elevado al pleno del Parlament. En todo caso, el diputado de ERC hizo un nuevo llamamiento a la oposición a que reconsidere su decisión y aseguró que la ponencia «permanecerá abierta»: «Hoy no se ha cerrado ninguna puerta», afirmó.

Pero el gran interrogante será qué ocurrirá si el TC la cierra, tal y como podría deducirse después del informe adverso de los propios letrados del Parlament. Será entonces cuando se ponga a prueba la desobediencia de los independentistas.