El president se enfrenta a un año de cárcel y a otros diez de inhabilitación

La querella presentada ayer por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acusa concretamente al presidente de la Generalitat de cuatro delitos. Son obstrucción a la Justicia cometido por la autoridad pública, prevaricación administrativa continuada, malversación de caudales públicos y desobediencia grave cometida por autoridades públicas.

Estos cuatro delitos pueden conllevar, de forma individual, hasta un año de cárcel y diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de un cargo público. Estas infracciones penales, que también se atribuyen a la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega (UDC), y a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CDC), llevan aparejadas penas de multa y de suspensión de empleo y cargo público de hasta tres años. Los tres políticos querellados por la pseudoconsulta del 9–N se enfrentan a lo mismo, los citados cuatro delitos.

Obstrucción y prevaricación

El delito más grave de todos ellos es el de la obstrucción a la Justicia, contemplado en el artículo 508.1 del Código Penal. En ese precepto se tipifica que «la autoridad o funcionario público que se arrogare atribuciones judiciales o impidiere ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año, una multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años». No obstante, Mas no cuenta con antecedentes penales, así que se antoja difícil que ingrese en la cárcel.

El delito de prevaricación administrativa continuada, recogido en el artículo 404 del Código Penal, establece que incurrirá en el mismo «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años».

Malversación y desobediencia

Otro delito por el que está acusado Mas es el de malversación de caudales públicos, en su modalidad de destinar fondos públicos para funciones distintas a las previstas. Tipificado en el artículo 433 del Código Penal, incurren en él «la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones» y la pena prevista es de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años.

El cuarto delito es el de desobediencia grave (art. 410.1 del Código Penal ), por no haber acatado las resoluciones del Tribunal Constitucional. La sanción para quienes incurran en este delito es multa de tres a doce meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses hasta dos años.

Las reacciones

Duran cree que el diálogo se complica

El líder de Unió Democràtica, Josep Antoni Duran Lleida, admitió ayer que, con la presentación de la querella contra Artur Mas, el diálogo entre Generalitat y Gobierno «es más difícil», pero pidió un penúltimo intento e «ir más allá de las cartas». En su misiva semanal, Duran señaló que ambos presidentes, Mas y Mariano Rajoy, «tienen la obligación de entenderse». «Es Rajoy quien tiene que llamar a Mas, necesitamos ‘‘finezza’’, y tienen que romper el hielo», añadió.

«Es una persecución política», dice Turull

Por su parte, el número 2 de CDC, el soberanista Jordi Turull, denunció, tras la misma querella, una «persecución política impropia en una democracia del siglo XXI». A su juicio, la demanda provocará los efectos contrarios a los deseados por el Gobierno, al «reforzar» el proceso independentista. Según Turull, se trata de un «error monumental histórico», una «muestra más de la impotencia y de la acción errática del Gobierno» ante el desafío soberanista. «Habrá efectos contrarios», insistió.