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Justicia
Los jueces sustitutos, disconformes con las 500 nuevas plazas: ignoran su precariedad
Su asociación asegura que siente una "profunda preocupación y descontento", ante el acuerdo del CGPJ con Bolaños
La Asociación Plataforma Judicatura Interina (APJI) ha expresado este jueves su "profunda preocupación y descontento" ante la convocatoria de 500 plazas de jueces y magistrados, ya que a su juicio "ignora la grave situación de precariedad" de los jueces sustitutos.
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En un comunicado, esta asociación recuerda que representan aproximadamente el 25 % de la judicatura, que se trata de un colectivo altamente feminizado (80 % mujeres, con una media de edad superior a los 50 años) y que sufre desde hace décadas "abuso estructural de temporalidad, discriminación indirecta por razón de género y campañas institucionales de descrédito".
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció este miércoles la convocatoria de 500 plazas de jueces y magistrados -375 por oposición y 125 por el cuarto turno-.
Desde la APJI, lamentan profundamente "que se ignore por completo la realidad de los jueces sustitutos", un colectivo que constituye "uno de los pilares esenciales del sistema judicial", cubre vacantes estructurales y desempeña las mismas funciones y responsabilidades que los jueces titulares, bajo idénticas incompatibilidades profesionales.
No obstante -denuncian- carecen de estabilidad laboral, reconocimiento de antigüedad, trienios, alta continuada en la Seguridad Social y derechos básicos.
Acusan al ministro de "ignorar" las denuncias y la realidad de este colectivo y de "falta de sensibilidad institucional" ante la precariedad que afecta al funcionamiento diario de los juzgados, donde los jueces sustitutos garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva, señalan.
Por todo esto, la APJI insta al Ministerio de Justicia a rectificar su "política de exclusión" y a abrir un diálogo "real, transparente y resolutivo" con la judicatura interina para avanzar hacia un sistema estable, justo e inclusivo, que respete la dignidad y los derechos de quienes han colaborado en el funcionamiento de la Administración de Justicia durante años.
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