La AVT pide 8 años de cárcel para los policías del Faisán

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) solicita la imposición de 8 años y medio de cárcel para el ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y 8 años de prisión para el entonces inspector José María Ballesteros al considerar que cometieron un delito de colaboración con banda armada y otro delito de revelación de secretos como responsables del chivatazo al aparato de extorsión a la banda terrorista ETA, que se produjo en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.

En el escrito de calificación provisional de los hechos que ayer presentó en la Audiencia Nacional, la asociación de víctimas también solicita para Pamies la imposición de una multa de 36.000 euros y cinco años de inhabilitación en su puesto. Para Ballesteros, la multa que se pide es de 25.200 euros y la inhabilitación de 4 años.

De este modo, la acusación popular acoge el criterio del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien el pasado 19 de abril ordenó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluir el delito de colaboración con organización terrorista en el escrito de acusación contra los dos mandos imputados de cara al juicio que se celebrará próximamente contra ellos.

La Fiscalía pide dos años de cárcel para el Pamies y uno y medio para el entonces inspector José María Ballesteros por un delito de revelación de secretos, aunque incluye como alternativa una petición de cinco años de cárcel por colaboración con organización terrorista.

En su escrito, la AVT solicita la comparecencia de 106 testigos, entre ellos el dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa y otros miembros de su familia, como su hijo, su esposa Avelina Llanos y su cuñado José Carmelo Lunquín. También pide la citación de una agente de la División Nacional Antiterrorista francesa.

Además, pide que depongan en el juicio más de una veintena de peritos para que ratifiquen distintos informes realizados sobre el cruce de llamadas entre los investigados, cobertura de las mismas, la cinta videográfica que grababa la entrada al bar Faisán, diferentes estudios informáticos y un informe pericial antropométrico sobre si la persona que aparece en imágenes grabadas en el entorno del establecimiento es Ballesteros. En su escrito, de 13 páginas, la asociación destaca hasta seis consecuencias de la actuación de los procesados. Entre otras, que permitió frustrar el operativo contra el aparato de extorsión de ETA también que se permitió que llegaran a la banda 54.000 euros que el dueño del Faisán Joseba Elosúa tenía previsto entregar al miembro de la red Cau Aldanur, y que podrían haber sido aprehendidos.

También se dice que cuando se pudo llevar a efecto la operación contra el aparato de extorsión, 45 días más tarde, salvo un recibo justificativo del pago del impuesto a ETA intervenido Aldanur «no se halló ningún otro elemento indiciario en poder de los detenidos que corroborara la actividad delictiva desarrollada por los miembros de la red», informa Ep.

Nuevas ayudas para allegados de presos de eta en Álava

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha requerido al alcalde de la localidad alavesa de Zuia, Unai Gutiérrez (Bildu), para que le remita la partida presupuestaria consignada para ayudar a familiares de presos de ETA. Urquijo se ha dirigido a este alcalde para que en un plazo máximo de veinte días hábiles le envíe el acuerdo municipal incluido en los presupuestos de 2013 sobre una línea de ayudas para las familias y allegados de los presos de la banda terrorista. Según Urquijo, en un documento firmado por «Bildu Zuia» sobre los presupuestos municipales para este año se señala que «por primera vez, se abre una nueva línea de ayuda a las familias y allegados de presos y presas políticas vascas».