La Fiscalía investigará el nuevo desafío del Parlament al TC

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigará si la actuación del presidente del Parlament y de aquellos miembros de la Mesa que tramitaron ayer y permitieron que se votara la moción la CUP en favor del derecho del autodeterminación

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigará si la actuación del presidente del Parlament, Roger Torrent, y de aquellos miembros de la Mesa que tramitaron ayer y permitieron que se votara la moción la CUP en favor del derecho del autodeterminación, evidencia indicios claros de un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, el cual había suspendido poco antes la misma. Y, además, deberá valorar ese extremo en el contexto de que recientemente el TC les advirtió que no podían tramitar ninguna iniciativa relativa a la autodeterminación o reproche de la Monarquía. El Ministerio Público estudia si actuar de oficio o bien esperar a que Ciudadanos presente la denuncia ya anunciada por esos hechos o que el Tribunal Constitucional, una vez se pronuncie sobre el fondo, traslade al fiscal las actuaciones para que valores si de lo sucedido ayer en la Cámara catalana se desprenden indicios de la comisión de un delito.

Por tanto, la Fiscalía tendrá que pronunciarse, ya sea por una vía o por otra, y decidir si presenta la correspondiente querella por desobediencia judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sobre esta cuestión, fuentes del Ministerio Público se limitaron a señalar ayer que «se está estudiando el asunto».

Hasta el momento, Torrent ha sido advertido en cuatro ocasiones de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las suspensión acordada por el Tribunal Constitucional respecto de diversas mociones sobre autodeterminación e independencia. Otra de las decisiones suspendidas incluía una reprobación al Rey Felipe VI por su intervención del 3 de octubre de 2017. Sin embargo, pese a ello, la Fiscalía ha optado por no impulsar ninguna acción penal de oficio por desobediencia.

Desde el Gobierno, por su parte, se recuerda que ha llevado ante el TC cada decisión que pudiera suponer un incumplimiento de sus propias resoluciones; y, además solicitó al Alto Tribunal que, si así lo consideraba, dedujese testimonio contra el Torrent y los miembros de la Mesa que de manera reiterada han hecho caso omiso sus resoluciones. El Gobierno, informa Ainhoa Martínez, está a la espera de la decisión del TC.