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La ley D’Hont frena el «efecto Vox»

El sistema electoral hará que solo el 47,3% de los votos de la formación de Abascal se traduzca en escaños. El resto favorecerá al PSOE.

  • La ley D’Hont frena el «efecto Vox»

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18 de febrero de 2019. 14:29h

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Lorente Ferrer.  18/2/2019

Principal panacea durante décadas de los partidos nacionalistas –que concentran el voto en sus respectivas circunscripciones– y blanco de las críticas de Izquierda Unida y de partidos emergentes de voto disperso, la Ley D’Hont está a punto de granjearse la enemistad de una nueva formación emergente: Vox.

El sistema proporcional electoral que traduce los votos en escaños, sabido es, beneficia sobre todo a los partidos de amplia representación (PP y PSOE durante laos años de vino y rosas del bipartidismo), que se reparten mayoritariamente el botín de escaños de las pequeñas provincias.

Ese sistema proporcional ha concentrado durante años las quejas no solo de Izquierda Unida (IU), sino también de los nuevos partidos como Ciudadanos y Podemos –a los que ahora se suma Vox–, que instaron sin éxito al Gobierno a reformar la ley electoral para evitar que un voto salga más barato en unas circunscripciones que en otras.

Esa china en el zapato de los partidos de nuevo cuño –que aunque obtengan una gran cantidad de apoyos en las urnas en el conjunto de España en algunas provincias les resultarán insuficientes para superar el listón mínimo para obtener algún escaño– es la misma que se entromete en el desembarco de la formación de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados tras su irrupción en Andalucía, decisiva para desalojar de la Junta a Susana Díaz y terminar con casi cuarenta años de gobierno socialista.

Ese muro es con el que se va a topar ahora Vox, que –según la encuesta de NC Report para LA RAZÓN–, obtendrá representación únicamente en once de las 52 circunscripciones provinciales donde obtenga respaldos electorales. O lo que es lo mismo: en 41 provincias sus votos no servirán para plasmarse en escaños, por lo que no obtendrá representación.

Es precisamente esa cantidad de votos sin traducción parlamentaria los que encarecen, en el conjunto nacional, el «precio» de cada uno de los escaños que obtenga finalmente el partido de Abascal.

Y es que según las encuestas, Vox se sitúa actualmente en torno al diez por ciento del voto nacional, aunque tras su escalada inicial –que ha tenido en Andalucía su punto álgido– ya es de contención.

La encuesta de NC Report desvela un dato que ilustra perfectamente cómo la Ley D’Hont va a mitigar el «efecto Vox»: solo el 47,3 por ciento del voto que recibirá el partido de Abascal (1.131.000 votos) se convertirá en escaños en el Congreso de los Diputados.

Es decir, que el 52,7 por ciento (1.260.000 votos) de papeletas que apoyen a Vox no tendrá rédito electoral alguno y favorecerá al PSOE. Y es que esos restos son oro fino para Ciudadanos y PP, que sin compartir espacio electoral con la formación de Abascal tendrían incluso la mayoría absoluta al alcance de la mano. Una mayoría que el reparto del pastel entre los tres partidos de la derecha del espectro político pone un poco más caro para Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal reeditar lo sucedido en Andalucía.

Echando un vistazo al escenario electoral que se adivina tras el 28-A, en la inmensa mayoría de circunscripciones provinciales, los de Abascal no tienen posibilidades de alcanzar ni siquiera un escaño por la distribución proporcional que santifica la Ley D’Hont.

De hecho, en circunscripciones como Soria, Huesca, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Palencia, Segovia, Zamora, Ceuta y Melilla para conseguir un diputado Vox necesitaría más del 30 por ciento de los votos emitidos.

En otras diez –Albacete, Burgos, León, Salamanca, Lérida, Cáceres, Lugo, Orense, Álava y La Rioja–, la formación debería superar el 25 por ciento de los sufragios para obtener representación electoral.

Menos, un 20 por ciento de los sufragios, pero aún lejos de sus expectativas, tendría que sumar en Huelva, Jaén, Cantabria, Ciudad Real, Valladolid, Navarra y Castellón para ganar ese ansiado escaño.

Mientras en circunscripciones como Almería, Córdoba, Toledo, Gerona, Tarragona, Badajoz y Guipúzcoa el listón está en el 17 por ciento, en otras provincias –Granada, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife, Pontevedra, La Coruña y Vizcaya– se sitúa entre el 13 y el 14 por ciento.

Incluso en Barcelona, donde el escaño está mucho más barato para Vox (como sucede en general en las grandes provincias), con tan solo el 3 por ciento de votos, el partido de Abascal rozaría el acta de diputado.

Pero si esto es así en la Cámara Baja, en el Senado el panorama es mucho más sombrío para Vox, pues el 100% de su voto (2.391.000 sufragios) a la Cámara Alta se desperdiciará, permitiendo así al PSOE tener la posibilidad de obtener la mayoría absoluta que ahora ostenta el PP.

Podemos y Ciudadanos clamaron por la reforma de la ley electoral para garantizar un reparto más equitativo de escaños en función de los votos obtenidos, pero la formación más perjudicada por ese reparto ha sido sin duda Izquierda Unida. En las elecciones generales de 2015 sus más de 900.000 votos solo se tradujeron en dos escaños (ambos por sus 185.000 votos en Madrid), los mismos que EH Bildu con cuatro veces menos votos.

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