Rajoy no permitirá el referéndum de Mas

El presidente del Gobierno ha asegurado que la consulta soberanista convocada en Cataluña es "con toda claridad inconstitucional"y por ello ha garantizado que no se va a celebrar y que sería "disparatado"negociarla.

El Gobierno calibra el alcance de la amenaza del presidente de la Generalitat, Artur Mas. El problema «es político más que jurídico porque las respuestas en este segundo plano están ya escritas», explican fuentes gubernamentales. La materialización del anuncio de un referéndum de autodeterminación para el próximo día 9 de noviembre tendría como respuesta inmediata un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), del que se desprendería su suspensión automática por seis meses y luego indefinida. Pero antes, según lo que anticipan los nacionalistas, el proyecto independendista llegaría al Congreso de los Diputados, donde el PP unirá sus votos a los del PSOE para «tumbarlo». El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha analizado ya la hoja de ruta con el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y hay acuerdo en la respuesta.

El Ejecutivo también prevé que antes de convocar nada, el Parlamento catalán aprobará una nueva ley catalana de consultas, que Rajoy también recurrirá ante el TC. Como también todos los posibles actos preparatorios del referéndum ilegal: presupuesto, formación de censo, etc... Según el artículo 161.2 de la Constitución, el Gobierno central puede impugnar «diposiciones y resoluciones» de las comunidades autónomas.

Si ante una cuestión de tanta trascendencia, por afectar al núcleo de la soberanía nacional, la Generalitat desobedeciese los mandatos del TC, al Gobierno no le quedaría más camino que recurrir al artículo 155 de la Constitución, que establece que «si una comunidad no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, se podrán adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

«No quedaría otra opción llegada esa situación, por mucho que le pese al presidente del Gobierno», partidario de seguir midiendo todos los pasos y de esperar a que la Generalitat concrete sus movimientos antes de reaccionar –precisa uno de sus colaboradores–. «La regla va a seguir siendo la de actuar con prudencia y con la ley en la mano», sostienen en Moncloa. Oficialmente el Gobierno no va alimentar en ningún caso la confrontación amenazando con el artículo 155 de la Constitución. Pero de llegarse a esta situación extrema, de manera no oficial desde el Ejecutivo sí anticipan que habría que echar mano de este recurso, aunque estudiando muy bien qué es lo que se suspende de la autonomía porque entienden que no cabría la suspensión de toda la comunidad autónoma. Una posible salida sería tomar el mando de la Policía autonómica y de Hacienda, por ejemplo.

Hay otras vías porque también cabría la opción de presentar una denuncia por desacato contra el presidente de la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), lo que podría terminar con pena de cárcel. Pero en el Ejecutivo entienden que éste es un camino «mucho más problemático».

En cualquier caso, antes de recurrir a estas medidas extremas, en Moncloa creen que Mas y ERC se irían a convocar unas elecciones plebiscitarias una vez decretada la suspensión por parte del TC de la consulta soberanista o «tumbada» en las Cortes. «Lo que han decidido es seguir el "guión Ibarretxe", y el final de ese guión ya se conoce. La suerte de Mas está ligada a la de Ibarretxe», sostienen en medios populares. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegó a rechazar el recurso del PNV contra la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2008 declaró contraria a la Carta Magna su Ley de Consulta para celebrar un referéndum, y que llegó a aprobar el Parlamento vasco. En junio de 2008 el Parlamento vasco aprobó el proyecto de ley para convocar un referéndum sobre el futuro del País Vasco el 25 de octubre de ese año. Un mes antes, el 11 de septiembre el pleno del TC declaró su inconstitucionalidad y consiguiente nulidad porque invadía competencias exclusivas del Estado. El «plan Ibarretxe» murió también en el Congreso en 2005.

«No puedo negociar sobre algo que es propiedad de todos los españoles»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondió ayer al presidente de la Generalitat, Artur Mas, con un solemne comunicado leído en el Palacio de la Moncloa. Una respuesta excepcional acorde con la contundencia del contenido de sus declaraciones. El presidente ratificó el principio de que no autorizará ni negociará sobre una cuestión, la soberanía nacional, que es propiedad de todos los españoles. «Sólo al conjunto de los españoles les corresponde decir qué es España y cómo se organiza», sentenció en una rueda de prensa en la que le acompañó el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.

Rajoy se anticipó a las preguntas con sus palabras solemnes y de ahí no se movió. Ni siquiera para anticipar las posibles respuestas políticas y jurídicas al anuncio de la pregunta y la fecha del referéndum por la independencia. De hecho, se le preguntó por dos veces expresamente sobre si descartaba utilizar el artículo 155 de la Constitución para defender la soberanía nacional o si barajaba la posibilidad de suspender la autonomía de Cataluña. «No voy a entrar en hipótesis. La posición que he transmitido es lo suficientemente clara. La soberanía no es negociable, es del conjunto de los españoles», replicó, tajante.

Ésta fue la idea central de su respuesta a Mas y sobre la que seguirá construyendo en los próximos meses su acción política y jurídica. «Lo que se ha planteado es radicalmente contrario a la Constitución y a la ley. Choca frontalmente con el fundamento mismo de la Constitución, que es la indisoluble unidad de la Nación española», defendió. A partir de ahí, resaltó que ni su Gobierno ni ningún otro pueden «ceder» lo que corresponde a los españoles y advirtió a Mas de que, como presidente del Gobierno, ha jurado cumplir y hacer cumplir la ley. «Les garantizo que esta consulta no se celebrará. Esta fuera de toda discusión y negociación», recalcó.

El presidente también se dirigió directamente a los catalanes bajo el compromiso de que «dedicará todos sus esfuerzos» a evitar que salgan perjudicados por esta iniciativa. En un día tan señalado, Rajoy reivindicó al pueblo catalán «como parte fundamental y querida por los españoles», y les recordó que su Gobierno ha trabajado por el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos y afectivos entre catalanes y españoles. En eso seguirá trabajando pese al simbólico paso adelante que ha dado Artur Mas. A él se dirigió expresamente Rajoy para pedirle que actúe con responsabilidad y cumpla el compromiso político por él asumido como presidente de la Generalitat, el de no violentar las leyes.

Preguntado por el simposio «España contra Cataluña» organizado por la Generalitat, y que ayer arrancó rodeado de una gran expectación y polémica, el presidente del Gobierno señaló que no es cierto que no se quiera a Cataluña ni que no se valoren sus aportaciones a la historia de España. A su juicio, esta iniciativa sólo busca fomentar la división entre españoles.