Sánchez declara por escrito en el caso de la piñata de Ferraz: "Insinuaciones homicidas contra mi familia"

Pedro Sánchez declaró por escrito el pasado 27 de febrero ante la jueza de Madrid que investiga por un delito de amenazas a participantes en la concentración que acogió el entorno de la sede central PSOE, de la calle Ferraz de Madrid, en la Nochevieja de hace dos años.

El presidente del Gobierno defiende en su comparecencia, conocida en primicia por LA RAZÓN, que el «apaleamiento» de un muñeco con su figura por parte de varios manifestantes iba encaminado «a crear un clima de amenaza física» contra él y su familia.

En una providencia con fecha del pasado 9 de febrero, la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de la capital acordó escucharle y estableció que debía dar respuesta a tres cuestiones. «La fecha en que tuvo conocimiento de los actos realizados el 31 de diciembre de 2023 en la calle de Ferraz», «el medio a través del que tuvo conocimiento de los mismos» y le requirió que «precisase si sufrió algún perjuicio».

El jefe del Ejecutivo, en respuesta a la primera de las cuestiones, asegura que se enteró de la protesta a primera hora del primer día de 2024 a través de los medios. Explica que los titulares y las imágenes de lo que iba a ser, en un principio, «un acto lúdico y de protesta política» –«tomar las 12 uvas»– «ocultaba una acción perfectamente organizada de violencia política e intimidación».

Sánchez, que ejerce la acusación particular en esta causa, llega a señalar que a lo largo de la celebración «se vertieron graves ofensas e insinuaciones homicidas que alcanzaban incluso a miembros de su familia» y que el «momento culminante» fue la recordada «exhibición de una figura representativa de su persona que, tras ser colgada de un semáforo, era golpeada y despedazada», mientras se retransmitía en directo a través de las redes sociales. Una difusión de los hechos en streaming que, según el presidente, recoge cómo abundaron, además, los «comentarios violentos, soeces, injuriosos y ofensivos» contra su integridad.

A nivel penal, insiste a la magistrada Concepción Jerez en que «el grado de violencia y amenaza directa» en su contra «excedió claramente los límites razonables del derecho a la crítica y a la protesta pública amparados por la libertad de expresión y manifestación».

En cuanto al daño moral que afirma haber experimentado a raíz de una manifestación que secundaron alrededor de 300 personas, el líder del PSOE dice que es «irreparable» y lo concreta en la «materialización de un clima de amenaza contra su integridad física y la de su familia como no había vivido nunca antes».

Atribuye a los organizadores de la piñata de Ferraz, por la que están siendo investigados cinco ciudadanos, el haber llevado «desde el terreno de lo virtual al real» una estrategia de «desprestigio, acoso y persecución para movilizar el odio contra su persona».

El presidente alude a los «notorios ejemplos de la historia» para subrayar que los actos de violencia verbal como este «siempre anteceden a la violencia física».

La tesis que ofrece en su declaración, que ocupa dos páginas, es que «no era Sánchez a quien se estaba colgando y quemando en público», sino a «quienes exhiben sintonía o militancia» en el Partido Socialista. Y «muy especialmente a los trabajadores que desempeñan su labor en la sede del partido» y sobre los que apunta que «no cuentan con medio alguno de protección a su integridad».

El episodio le generó «intranquilidad y desasosiego». Pero se declara particularmente «angustiado» por la idea de que algún simpatizante o afiliado de su formación «pueda ser agredido» por los que se sienten legitimados para amedrentar y deshumanizar al adversario ideológico, como entiende que es el presente caso.

En definitiva, la visión del líder socialista es que la amenaza personal que asegura haber sufrido «supone una amenaza colectiva» que atenta contra «su seguridad personal» y, asimismo, «contra el respeto institucional que merece la Presidencia del Gobierno».

Termina su declaración con una reflexión que se refiere de manera implícita a la Guerra Civil. El presidente señala que la «simbología del terror nunca ha sido una expresión inocente» y «por desgracia, para los españoles es una lección duramente aprendida».

Uno de los abogados del «grupo de chavales» imputado consultado por este diario, Jesús Santorio, limita lo que se vio aquella noche a una «una piñata con un monigote con nariz de Pinocho, relleno de caramelos, en un ambiente de festividad y jolgorio, además de una mera queja y crítica política». Solicitará el archivo de la causa por ser una «bomba de humo».