Sin tarjetas de crédito en la Administración

El reciente escándalo de las tarjetas de crédito de los altos directivos de Bankia ha aportado mayor relevancia a una de las medidas anticorrupción incluidas en el gran pacto por la regeneración democrática que actualmente se está negociando en el Congreso. En efecto, el Gobierno incluyó en el articulado de uno de los proyectos de ley aprobados en Consejo de Ministros el pasado mes de febrero –concretamente el que regulará el ejercicio de los altos cargos de la Administración General del Estado– una prohibición expresa de este medio de pago cuya utilización, como pone de manifiesto el caso de Bankia, puede hacer las cosas más fáciles a funcionarios poco o nada escrupulosos.

El Gobierno no tiene pensado atemperar su ardor reformista en el tramo final de esta legislatura en la que goza de mayoría absoluta en las Cortes. Además de apuntalar la incipiente recuperación económica y hacer frente al desafío soberanista del nacionalismo catalán, el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy quiere hacer de las propuestas para la regeneración democrática el tercer eje fundamental de su acción de gobierno. En los próximos meses el Ejecutivo impulsará dos proyectos de ley a tal efecto, el primero para que exista más control sobre la actividad económica y financiera de los partidos políticos y el segundo, citado anteriormente, para regular el ejercicio de los altos cargos de la Administración. Ambos proyectos de ley se articulan en 36 propuestas concretas sobre las que el Gobierno quiere alcanzar un amplio consenso con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, principalmente con el PSOE, que cuenta en su pasado reciente con abultados casos de corrupción y cuya nueva directiva, encabezada por Pedro Sánchez, ha hecho de la batalla contra esta lacra una de sus señas de identidad. A tal efecto, durante el mes de septiembre, se ha venido produciendo una primera ronda de conversaciones con los distintos grupos parlamentarios en las que, salvo en el caso de Izquierda Plural, se ha podido constatar una voluntad clara de pactar propuestas que pongan coto a la erosión que han sufrido las instituciones públicas a ojos de buena parte de la sociedad. El Gobierno se ha puesto como límite para estos contactos el mes de noviembre con idea de que para entonces se puedan empezar a debatir y votar en comisión, proceso que concluirá con su aprobación, antes de final de año, en la Cámara Baja.

Entre las 36 propuestas que conforman los dos proyectos de ley del Gobierno –además de la prohibición de tarjetas de crédito a cargo de la Administración– destacan las propuestas encaminadas a establecer mecanismos de control para la actividad económica y financiera de los partidos que hagan más difíciles casos como el del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, o los ERE fraudulentos andaluces. Así, una vez aprobada la ley, entrará en vigor la prohibición de las donaciones a los partidos políticos procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica. Las entidades de crédito no podrán condonar las deudas contraídas por los partidos políticos y estarán obligadas a informar anualmente al Tribunal de Cuentas sobre las donaciones ingresadas en las cuentas de los partidos, que deberán ser abiertas exclusivamente para este fin. Asimismo, los partidos estarán obligados a publicar su información contable en la que se incluirán los créditos pendientes de amortización, el tipo de interés al que fueron concedidos, el plazo de amortización, las subvenciones recibidas y las donaciones superiores a 50.000 euros.

El gran pacto contra la corrupción también regulara cuestiones del régimen interno de los partidos políticos encaminadas a lograr más transparencia en los mismos. Por ejemplo, la ley regulará el contenido mínimo de los estatutos de los partidos y obligará a los mismos a establecer un sistema de prevención y supervisión en sus normas de funcionamiento interno. Las fundaciones vinculadas a los partidos deberán inscribirse obligatoriamente en el Registro de Partidos para poder acceder a subvenciones y tendrán prohibido recibir directa o indirectamente donaciones de organismos, empresas o entidades públicas.

El proyecto de ley sobre el ejercicio de los altos cargos, además de la prohibición de las tarjetas de crédito, establecerá la obligatoriedad de que se exigan ciertos requisitos de idoneidad para ser nombrado. Los altos cargos deberán hacer públicas sus retribuciones conforme a la Ley de Transparencia y a aportar anualmente certificado de la declaración del IRPF.

Además el Gobierno ya ha expresado su voluntad de que tres temas se sumen al debate centrado en estos dos proyectos de Ley. El primero es la limitación del aforamiento, en el que se plantean medidas para acotar su alcance (sobre todo en lo referido a las causas penales) y al número de aforados. Otra medida de regeneración pretende aportar mayor transparencia a la concesión de indultos. En tercer lugar se intentará llegar a un consenso para unificar los criterios sobre el momento procesal en el que un cargo electo debe abandonar sus responsabilidades o ser excluido de las listas electorales de su partido político.