Una oportunidad para la política

Catalunya vive una situación a la que nunca deberíamos haber llegado. Sería fácil calificarla como un disparate o describirla como un escenario en el que todo el mundo ha perdido el norte, pero lo cierto es que este desencuentro certifica un error político de enormes dimensiones por parte de todos. Nadie ha sabido estar a la altura. El tiempo que se ha dejado pasar no ha servido para ganar oportunidades para solucionar el problema que ya el presidente Rajoy calificó como problema español. Lo único que se ha conseguido es perder un tiempo precioso.

No negaré que en el presente la mayor responsabilidad de este despropósito proviene de la propia Catalunya. Se ha dado un paso al vacío. Sean cuales sean sus legítimas aspiraciones, nada justifica una declaración como la aprobada este lunes en el Cámara catalana. Nada justifica, en democracia, que una parte de la sociedad y a través de una institución tan alta como el Parlament, decida desobedecer las leyes y poner en jaque a todo el sistema democrático legítimamente en vigor. ¿Cómo se pretende que la ciudadanía respete las decisiones de un Parlamento que insta a no cumplir las que emanan de la Constitución que ampara a ese mismo Parlamento? ¡Qué despropósito!

Además, no se trata sólo de un conflicto entre las instituciones catalanas y el Estado, sino que la declaración de desconexión también divide la sociedad catalana. Es cierto que al día siguiente de la declaración las cosas siguen exactamente igual, pero se perciben una inquietud y una incertidumbre paralizantes. Sin gobierno, sin mayorías para elegir presidente y con un programa escrito al dictado de fuerzas radicales y minoritarias, no hay duda de que Catalunya no vive sus mejores momentos.

Como decía, no se debería haber llegado a esta situación. Y asumida una cuota de culpa, también se debe señalar, con la misma determinación, la responsabilidad del Estado, de sus instituciones, de su Gobierno. En Catalunya existe un problema político, y las soluciones deben ser políticas. Por mucho que el Gobierno español se empeñe en impulsar las leyes que le convengan, la solución no llegará a golpe de mayorías que ignoran el consenso constitucional, ni por vía de querellas, sino por la vía del diálogo y del entendimiento. Aunque cueste, aunque sea difícil, aunque se defiendan posiciones alejadas e incluso incompatibles, la política sirve para impulsar la convivencia y para resolver conflictos. ¿O acaso la política no sirvió para encauzar la transición hacia la democracia?

Esta situación es perjudicial para la convivencia y para el progreso tanto de Catalunya como de España. No podemos seguir así y menos aún permitir que la espiral de desencuentro entre las instituciones catalanas y españolas vaya en aumento y llegue a un punto de no retorno. Es la hora de las soluciones. Hasta la fecha, lo que procedía –y que nadie ha hecho– era esforzarse en el diálogo e intentar comprender las posiciones del otro hasta que se alcanzase el punto de necesaria concordia. Ahora ya no basta con decir que se precisa diálogo. Desde Catalunya, desde el Gobierno del Estado, desde todas las fuerzas políticas, lo que urge es ofrecer soluciones. Por paradójico que sea, nadie vencerá venciendo sino convenciendo. Y la solución hoy en día no puede ser otra que la del reconocimiento de la realidad nacional de Catalunya y, obviamente, hablar con claridad de financiación y de competencias. No se trata de regatear o de mercadear, sino de consolidar aquello que la Transición sólo fue capaz de apuntalar. Me refiero a entender, a aceptar, que el futuro óptimo de España se asienta en el reconocimiento y en la aceptación de su pluralidad, y que Catalunya posee características que merecen su reconocimiento constitucional.

La solución no puede ser otra que un pacto político que redefina jurídicamente y políticamente el Estado. Y en lo referente a Catalunya la aprobación de una disposición adicional de la Constitución que reconozca el carácter nacional de Catalunya como han señalado constitucionalistas diversos, incluso un expresidente de la alta magistratura. Un reconocimiento que garantice la plenitud de sus competencias en materia de lengua, educación y cultura, y que a la vez ampare un sistema de financiación más justo. Y esa disposición adicional debería ser votada y aprobada mediante consulta, para que así la sociedad catalana pueda decidir por sí misma su futuro de una manera clara e inequívoca. Conviene también releer con atención la sentencia del TC anulando la declaración de soberanía del Parlamento catalán.

Es difícil avanzar en la solución del conflicto cuando lo más rentable para ambos extremos es la política de la crispación y del enfrentamiento. Las actitudes de los unos alimentan las respuestas de los otros, pero lo que importa, ahora mismo, es actuar dentro de la legalidad, tener la suficiente amplitud de miras y el suficiente sentido y visión de Estado para entender que los españoles en general, y los catalanes en particular, lo que desean es paz, convivencia y mutuo respeto. Entre todos debemos dar una oportunidad a la política y a la concordia antes de que sea demasiado tarde. Esto es exactamente lo que me propongo hacer en la próxima legislatura si tengo apoyo ciudadano suficiente. Siento el deber, el compromiso y la obligación de hacer ese servicio a Catalunya, a España y a la Unión Europea, dando la cara y renunciando a posiciones más cómodas. Así he entendido siempre la política y así la sigo entendiendo: como servicio.