El Gobierno descarta liberar la AP-9: “El rescate supondría un coste inasumible para el Estado”

El Gobierno ha cerrado la puerta, al menos por ahora, a la posibilidad de liberar la autopista del Atlántico (AP-9). La secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena Rodríguez, afirmó este martes en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados que “no es viable” el rescate de la concesión debido al “altísimo volumen de gastos que ello supondría”, advirtiendo además de que tendría “efectos claros lesivos para el Estado”.

Báguena respondía así a una pregunta formulada por un diputado del Partido Popular sobre las previsiones del Ministerio de Transportes para iniciar la tramitación de la liberalización del peaje de la AP-9, una reivindicación histórica en Galicia. La representante del Ministerio recordó que el propio ministro Óscar Puente ya ha abordado en varias ocasiones este asunto en sede parlamentaria y subrayó que la actual situación de la autopista deriva directamente de decisiones adoptadas hace más de dos décadas.

“Como sabe, la situación actual de la autopista AP-9 se explica en toda su amplitud en una serie de decisiones adoptadas en los años 2000 y 2003 que, por motivos de índole jurídica y económica, son muy complejos de revertir”, afirmó Báguena en su intervención, en alusión a las prórrogas de la concesión aprobadas durante el Gobierno de José María Aznar, que extendieron su duración hasta los 75 años.

La secretaria general de Transporte Terrestre insistió en que la autopista está sujeta a un contrato concesional “en vigor”, con unas tarifas que “deben cumplirse”, y descartó cualquier posibilidad de rescate a corto o medio plazo. “No es viable proceder al rescate de la concesión por el altísimo volumen de gastos que ello supondría, inasumible por la Administración y con efectos claros lesivos para el Estado”, reiteró.

Con esta declaración, el Ejecutivo central mantiene su postura frente a una de las principales demandas políticas y sociales de Galicia. La AP-9, que vertebra el eje atlántico desde Ferrol hasta Tui y soporta un tráfico diario de decenas de miles de vehículos, acumula años de polémica por sus tarifas y por la prórroga de la concesión a Audasa hasta el año 2048.

A pesar de las bonificaciones aplicadas en los últimos años, que redujeron el coste de algunos trayectos, la supresión total de los peajes continúa siendo una reivindicación del Gobierno y del Parlamento de Galicia, que reclaman una solución definitiva.

El Ministerio de Transportes, sin embargo, insiste en que cualquier movimiento en ese sentido tendría un impacto presupuestario “inasumible”, dado el compromiso contractual con la concesionaria y las posibles indemnizaciones derivadas de un eventual rescate.