La verja de Royal Lodge no se cierra -al menos no del todo- para Andrés Mountbatten-Windsor. Apenas horas después de que el expríncipe fuera liberado bajo investigación tras permanecer detenido durante aproximadamente once horas, los detectives han confirmado que los registros en su antigua residencia de Berkshire continuarán en los próximos días.

El arresto, producido el mismo día en que cumplía 66 años, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, marca un precedente sin parangón en la historia moderna de la monarquía británica: nunca antes un miembro de tan alto rango había sido detenido.

Mientras tanto, la policía de Thames Valley Police ha dado por concluidas las búsquedas realizadas en su otra vivienda, situada en el Sandringham Estate, pero mantiene activo el operativo en Royal Lodge, ahora convertido en el epicentro de una investigación que se adentra en terrenos hasta hace poco impensables para la Casa Real.

Desde Buckingham, el mensaje no ha variado. Carlos III, en cuyo nombre se presentaría cualquier eventual procedimiento penal, ha reiterado que "la ley debe seguir su curso". Una declaración que busca trazar una línea nítida entre la institución y uno de sus miembros más controvertidos, en un momento en que la legitimidad de la Corona se mide también por su capacidad para someterse -sin excepciones- al escrutinio público y judicial.

Royal Lodge, hasta ahora sinónimo de retiro y discreción, se ha convertido así en escenario de una investigación que amenaza con redefinir los límites entre el privilegio hereditario y la responsabilidad legal. Y esta vez, las luces no parecen dispuestas a apagarse pronto.