El juez imputa a Urdangarín y le cita el 6 de febrero

Se acabaron las incertidumbres y la rumorología. Tras semanas en las que su nombre no dejaba de aparecer en los medios de comunicación vinculándole con diversas operaciones supuestamente irregulares llevadas a cabo por el Instituto Nóos, finalmente, ayer, el juez de Palma de Mallorca José Castro imputó a Iñaki Urdangarín, marido de la Infanta Cristina y duque de Palma. Urdangarín presidió el citado Instituto Nóos, que fue creado como un organismo sin ánimo de lucro, y ahora tendrá que responder de los negocios realizados en Baleares –principalmente con el Gobierno de Jaume Matas– y en la Comunidad Valenciana.

Y para ello, le ha puesto fecha: el 6 de febrero a las nueve de la mañana, en la sede del juzgado de Palma, con la advertencia de que, si no comparece por una causa justificada, «la orden de citación podría convertirse en orden de detención». En su resolución, por la que levanta el secreto sumarial de unos 2.700 folios que abarca esta investigación –derivada del «caso Palma Arena»–, resulta llamativo que el propio magistrado venga a admitir de forma implícita que la imputación de Iñaki Urdangarín debería haberse producido con anterioridad, aunque, a la vez, justifica que se haya retrasado en no perjudicar la investigación. Sin embargo, ya entonces el diario «El Mundo» había destapado las posibles irregularidades del instituto que presidía el duque de Palma. En este punto, el juez destaca cómo la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la admisión de cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra una o varias personas «deberá ser puesta inmediatamente en conocimiento del presunto implicado». Sin embargo, justifica que «ese requisito» no se haya cumplido «totalmente», porque la declaración del secreto, «indispensable para concretar indiciariamente el reproche penal, excusaba de hacerlo, pues frustraría la finalidad pretendida».

Una vez levantado el secreto, ya no hay obstáculo para que los afectados de los indicios racionales de criminalidad derivados de la investigación puedan ejercitar su derecho de defensa, «y la primera medida» es citar a declarar a los imputados, para «posibilitar» que puedan ofrecer «su versión de los hechos». En concreto, y en lo que se refiere al duque de Palma, será interrogado por todos aquellos hechos que guarden relación «con la génesis de cualquier fórmula negocial», en virtud de la cual Iñaki Urdangarín, «tanto como persona física como en su condición de representante, partícipe o vinculado, de hecho o derecho, a personas jurídicas, haya sido perceptor de fondos públicos, ejecución de lo convenido» o rendición de cuentas.

Además, el instructor pretende también que determine las personas «que han participado en los anteriores hechos o que hayan devenido beneficiadas por los mismos, así como el destino y tratamiento fiscal que se le haya dado a los fondos recibidos y los que se deriven». Y ello, añade el juez José Castro, «tanto en la comunidad autónoma de las Islas Baleares como en la valenciana, recibiendo tales hechos una mucho más perfilada concreción en el curso de su declaración».

Para responder a todas esas cuestiones es por lo que le ha citado para el próximo 6 de febrero. Sin embargo, esa comparecencia se podría adelantar si lo solicita el propio duque de Palma, y el juez, de hecho, ya anuncia en su auto que se accedería a la misma «en la medida en que lo permita la disponibilidad de este juzgado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas en la causa».

Desvío de fondos
Además, ha citado para el día 5 de enero, también como imputados, al socio de Urdangarín, Diego Torres, así como a otros cargos del Instituto Nóos como Ana M. Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Miguel Tejeiro y Salvador Trinxet. Los primeros en declarar como imputados en esta causa serán, sin embargo, el ex director general de Deportes del Govern, José Luis «Pepote» Ballester; el ex director de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal, y el ex gerente del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía, el 25 de enero. En este procedimiento, se intenta determinar si se ha incurrido en un posible desvío de fondos públicos y privados de unos seis millones de euros, con la mediación del Instituto Nóos y de si se ha incurrido en los delitos de evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, según señalaba el juez en el auto donde ordenaba la entrada y registro de Nóos.

En esa misma resolución, el instructor aludía a que, presuntamente, Urdangarín y su socio Diego Torres «organizaron un entramado societario utilizando un grupo de sociedades mercantiles, a través de las cuales desviaban los fondos públicos y privados [por patrocinios de empresas] que recibía el Instituto Nóos, apoderándose de los mismos».

Fuentes jurídicas indicaron a LA RAZÓN que el delito de prevaricación «en ningún caso puede imputarse a un particular», mientras que en el de malversación «sí hay fórmulas especiales de participación, aunque no sean funcionarios públicos».

Extracto del auto
«Los hechos por los que habrán de ser interrogados son todos aquellos que guarden relación con la génesis de cualquier fórmula negocial, en virtud de la cual Don Iñaki Urdangarín Liebaert, tanto como persona física como en su condición de representante, partícipe o vinculado, de hecho o derecho, a personas jurídicas, haya sido perceptor de fondos públicos, ejecución de lo contenido, rendición de cuentas...»