Bermúdez y otros siete jueces no ven colaboración con ETA en el «chivatazo»

Madrid- El futuro judicial del «caso Faisán» entra en su recta final. En la primera vista convocada para decidir si el asunto se queda en la Audiencia Nacional o pone rumbo a los juzgados de Irún, acusaciones y defensas reiteraron sus argumentos ante los 14 magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal que tienen en sus manos la última palabra. Despejado ese trámite, el Pleno se reunirá hoy de nuevo, en sesión de mañana y tarde, para alumbrar un acuerdo. La división existente entre los magistrados complica aventurar cualquier pronóstico. Nadie se atreve a hacer cábalas, aunque fuentes jurídicas siguen insistiendo en que el «caso Faisán» acabará en los juzgados de Irún por un escaso margen de entre uno y tres magistrados. Según las fuentes consultadas, existiría ya un bloque de seis magistrados (la mayoría de la Sección Primera, que preside Javier Gómez Bermúdez) que se inclinarían por esa opción al no apreciar la existencia de un delito de colaboración con ETA en el chivatazo. Dos apoyos más serían, por tanto, suficientes para inclinar la balanza en favor de la tesis que defiende la Fiscalía. Entre ellos estaría el ponente, José Ricardo de Prada, quien el pasado abril ya dejó clara su oposición a que a los procesados se les acuse de colaborar con ETA en un voto particular a la resolución de la Audiencia Nacional de mantener esa imputación.

En ese auto, la Sala dejó claro que la colaboración con los terroristas no sanciona ni la adhesión ideológica ni la persecución de objetivos políticos sino «el poner a disposición de la banda armada determinadas aportaciones» a sabiendas de los fines terroristas que persigue la banda criminal.

Así las cosas, los magistrados Ángeles Barreiro, Carmen Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel parecen tener la llave para que esa mayoría sea más o menos sólida.
Éstos son los argumentos defendidos por las partes en la vista:

1.- El fiscal cree que no querían ayudar a ETA
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, dedicó la mayor parte de su intervención a discutir la calificación jurídica de los hechos investigados. Para el Ministerio Público, hizo hincapié, el soplo a ETA que abortó en mayo de 2006 la operación policial contra el «aparato de extorsión» de la banda terrorista no puede ser considerado un delito de colaboración con ETA (castigado hasta con diez años de cárcel), sino únicamente revelación de secretos o encubrimiento (que llevan aparejadas penas de tres años de prisión como máximo). Zaragoza negó que los acusados quisiesen ayudar a la banda terrorista, por lo que, añadió, debían tener «otras motivaciones» (sin aludir expresamente a la tregua de ETA entonces en vigor). El fiscal reiteró que sin esa adhesión ideológica, el caso no puede juzgarse en la Audiencia. Además, Zaragoza se refirió a la «debilidad» de los indicios contra el ex director de la Policía, Víctor García Hidalgo.

2.- DyJ: la tregua no justifica el soplo a ETA
Dignidad y Justicia (DyJ) –representada por las abogadas Vanesa de Santiago y Carmen Ladrón de Guevara– también se mantuvo en sus trece. Para la asociación que preside Daniel Portero que los hechos se produjeran en un periodo de tregua debe ser «irrelevante» dado que «debemos movernos y guiarnos sólo y exclusivamente por criterios jurídicos». DyJ mostró su «sorpresa» y «disconformidad» con que el asunto haya sido avocado a Pleno, pues en su opinión la complejidad jurídica que esgrimió Gómez Bermúdez, «no existe» y tampoco resoluciones contradictorias «que hagan necesaria tal convocatoria». Para la asociación, el único elemento diferenciador es que el posible delito lo hayan cometido policías, algo que aunque cause «perplejidad» «no puede configurarse como un obstáculo para calificar el hecho como delito».
 
3.- AVT: no es necesario que comulguen con ETA
El abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Antonio Guerrero, defendió ante el Pleno que existen indicios suficientes contra los tres acusados para considerar los hechos un delito de colaboración con ETA «sin necesidad de que compartiesen los fines terroristas de la banda criminal».

4.- PP: la competencia, de la Audiencia Nacional
La acusación que ejercen conjuntamente el PP y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil defendieron la labor del instructor, Pablo Ruz, y la existencia de un delito de colaboración con ETA que justifica la competencia de la Audiencia Nacional.

5.- Los acusados defienden su inocencia
Los abogados de los tres acusados defendieron la inocencia de sus clientes. La letrada María Ponte hizo hincapié a las puertas de la sede judicial que un sólo día de condena para su defendido, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, supone «su expulsión del Cuerpo», informa Efe. Por su parte, el abogado de José María Ballesteros, José Luis Vegas (que se mostró muy crítico con la instrucción del juez Pablo Ruz), defendió que no hay un solo indicio de que el ahora inspector entregara el móvil a través del cual se dio supuestamente el soplo.

Una nueva denuncia en el sumario
El juez Pablo Ruz ha decido unir al sumario del «chivatazo» a ETA la denuncia del colectivo Manos Limpias contra el ex jefe de seguridad del PSOE y ex comisario en excedencia Fernando Mariscal, por unas supuestas conversaciones mantenidas a través de móviles pertenecientes a la Presidencia del Gobierno con un alto mando policial de San Sebastián el día del soplo.

Una jornada accidentada
Jornada ajetreada la de ayer en la Audiencia Nacional. Por la mañana, el presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, se llevó un pequeño susto: sufrió un leve accidente de tráfico cuando regresaba de supervisar las instalaciones de la sede judicial en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Su vehículo fue alcanzado por detrás por otro coche sin que ninguno de los ocupantes de ambos turismos sufrieran lesiones. Todo quedó, afortunadamente, en un susto. Ya por la tarde, la magistrada Ángeles Barreiro no pudo asistir a la vista por el fallecimiento de un familiar.