Camps apela a la «doctrina Bono» y pide el sobreseimiento de su causa

La defensa de Camps reitera en primer lugar como «premisa fáctica e irrenunciable» la falsedad de los hechos que se imputan: «es radicalmente falso que se produjeran regalos o dádivas y que éstos fueran aceptados por Camps», explica un resumen de las cuestiones previas al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Cita la denominada como «doctrina Bono» para reivindicar que «el delito no existe en el momento en el que existan relaciones diferentes a la simple condición de cargo público entre quien realiza el regalo y quien lo recibe».

Argumenta que este razonamiento lo acordó el Tribunal Supremo tanto en el «caso Bono» como en el del presidente de Navarra «existe una relación profesional entre Álvaro Pérez y el PP-CV, del cual Camps era candidato en 2002, secretario general y presidente de forma sucesiva».
Recuerda en sus cuestiones previas que el nuevo Código Penal ya no tipifica como delito el que señala el juez instructor.

La defensa de Costa alega que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que el instructor «elude hacer referencia al resultado de las diligencias de prueba practicadas y trata de mantener, para eludir el mandato del Tribunal Supremo, que un diputado no realiza únicamente una actividad legislativa, sino también del Ejecutivo».