Fernández añadió a un sindicalista en un ERE un año después de aprobarlo

El primero era la firma de un convenio de colaboración con la empresa Jerez Industrial S.A. para la financiación de un ERE que afectaba a 45 trabajadores dos días después de la entrada en vigor del convenio con el IFA que inauguró el «fondo de reptiles». El segundo es una adenda a otro convenio: el que se firmó con 19 trabajadores de la fábrica de San Carlos el 26 de septiembre de 2001 por el que se les pagaba sus prejubilaciones con cargo a la partida presupuestaria 31L.

Lo más llamativo de este segundo documento es que se realizó el 24 de julio de 2002 para añadir a un nuevo beneficiario del convenio principal. Se trataba de Francisco Sánchez Reyes, que había trabajado en la factoría y que era el presidente del comité de empresa elegido por el sindicato UGT cuando se negoció el cierre de la factoría. La póliza a su favor era de 188.396,82 euros.

Sánchez Reyes fue elegido concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de San Fernando en las elecciones de 2007. Actualmente es el noveno edil socialista en el consistorio gaditano, que gobierna el Partido Andalucista. Según las listas publicadas el pasado martes en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz no forma parte de la candidatura del PSOE a las elecciones del 22 de mayo.

La fábrica de San Carlos cesó sus actividades el 30 de marzo de 1999. Era el declive de una empresa que en los años 80 contaba con 2.000 trabajadores y que a principios de los 90 apenas tenía 300. Ya en 1991 el Instituto Nacional de Industria comenzó un proceso de regulación de empleo. Por aquella época, Francisco Sánchez ya presidía el comité de empresa de «la Constructora» como aún se la conoce en Cádiz.

El Ayuntamiento adquirió los terrenos para que los casi 200 ex trabajadores pudieran cobrar cuanto antes las indemnizaciones, cifradas en más de 2.000 millones de pesetas. Se creó una sociedad mixta en la que participó Unicaja, la empresa Sando y la propia empresa municipal de vivienda del consistorio.

No todos los ex empleados tuvieron la misma suerte. La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía abonó una póliza para un colectivo de 19 de ellos con cargo al «fondo de reptiles». A través del IFA se comprometió a abonarles 543.415.341 de pesetas. Más tarde, vino el apéndice individual para el ex líder sindical. La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, criticó ayer que se conceda un «ERE unipersonal y a la carta», que supone pasar «del auto-ERE que hizo Fernández consigo mismo al ERE unipersonal».

Para el PP, los últimos documentos hechos públicos demuestran que «aunque la Junta quiere derivar las responsabilidades en dos cabezas de turco, los viceconsejeros firmaban pagos con cargo a este fondo, algo que se había negado». El ex consejero de Empleo Antonio Fernández está imputado por una presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga una supuesta trama de ERE irregulares financiados con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucía. El dinero, más de 647 millones de euros entre 2001 y 2010, se gestionó vulnerando la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa de la propia Junta.

Dos simples firmas que abrían la puerta a casi 190.000 euros
La autorización del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y del por entonces presidente del IFA y viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, permitieron añadir a un prejubilado a un convenio firmado un año antes y que le garantizaba una renta mensual hasta su jubilación. No hacía falta su publicación el BOJA.