La Junta reitera que no cerrará centros ni servicios sanitarios

Valladolid- «En Castilla y León no vamos a cerrar centros ni servicios, ni en Atención Primaria ni en nuestros hospitales». «Vamos a mantener las retribuciones de nuestros profesionales». Fueron dos de los compromisos reiterados por el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, durante su comparecencia en las Cortes autonómicas, para informar sobre la incidencia en la Comunidad de las medidas aplicadas por el Gobierno central para propiciar la sostenibilidad del sistema de Salud. Unas soluciones que implicarán un ahorro general de 168 millones de euros este año. En 2013 el montante derivado de estos ajustes será de 234 millones de euros.

Sáez Aguado, que propuso ante el pleno la necesidad de alcanzar un gran Pacto por la sostenibilidad del sistema -desechado por los grupos de la oposición-, detalló el Plan de ajuste que desarrollará su departamento. Una estrategia que ofrece alternativas a la reducción de ingresos públicos y el fracaso de financiación autonómica que ha derivado en déficit, endeudamiento y un grave problema de sostenibilidad, explicó.

A exigencias planteadas desde el Ejecutivo central, el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera añade más de 40 medidas para sostener y financiar la Sanidad pública. Entre las que se concretarán en los próximos meses está la actualización del catálogo, o la compra centralizada, que supondrán un ahorro de 66 millones este año y 105 el próximo.

Blindar la Sanidad
El consejero apostó por mejorar la eficiencia, sin medidas drásticas como las llevadas a cabo por otros gobiernos autonómicos. Para ello, avanzó que se reordenarán las estructuras administrativas, con la liquidación de la Fundación Centro Regional de Calidad y Acreditación Sanitaria, la reducción de la estructura de los servicios centrales, la integración de las gerencias de salud de área y los servicios territoriales de Sanidad, además de la integración progresiva de gerencias de Primaria y Especializada.

En lo que a los recursos humanos se refiere, se reordenan en Primaria, para mantener el número de profesionales, equilibrar cargas asistenciales entre zonas básicas de salud y matenimiento de niveles de atención.

Además, se fija un Plan de Ordenación que dará paso a jóvenes profesionales hoy ligados a la Sanidad con contratos temporales, facilitando la jubilación de profesionales. Asimismo,se revisan los servicios de Urgencia en Primaria, agrupándolos a partir del incremento de dotación tecnológica.

Por otra parte, se renegociarán los contratos de limpieza, seguridad y mantenimiento, con un objetivo de reducción de costes del 10 por ciento.

Acuerdos privados
De igual manera, se rebajará el gasto en conciertos, en torno a 30 millones de euros anuales -16 este año-, pero se garantizarán las intervenciones quirúrgicas de carácter oncológico y de cirugía cardiaca en un plazo máximo de 30 días. En este contexto, avanzó que se trabajará en la adaptación a la realidad de la estrategia de atención a pacientes crónicos, la integración y continuidad asistencial y facilitar una mayor autonomía y capacidad de decisión a los profesionales. Igualmente, avanzó que se renunciará a muchas inversiones previstas, con un desembolso de 51 millones de euros para este año, con una focalización en la historia clínica y la receta electrónica.

Desde la oposición se rechazó la bateria de medidas. Así, la socialista Mercedes Martín consideró que «los recortes se llevan por delante todos los principios que originaron la Ley General de Sanidad», constituyen una «agresión sin paliativos al sistema público, a profesionales y ciudadanos» y propiciarán una «caída en picado de la calidad asistencial».
Por su parte, José María González, del Grupo Mixto, aseguró que «pasaremos de la Sanidad pública, como derecho universal, al antiguo seguro» y consideró que la puesta en escena de la Junta derivará en «impuestos a la enfermedad».