«Mis opiniones son libres No estoy en una especie de cuarentena»

Sevilla- Manuel Gómez, el ex interventor general de la Junta, aseguró ayer en declaraciones a LA RAZÓN que como un «ciudadano normal» tiene derecho a expresar su visión política en su blog. «Mis opiniones son libres», señala. Considera que su etapa al frente del máximo órgano de control interno de la Administración andaluza no lo «estigmatiza» y que, pese a que el PP ha pedido su comparecencia en calidad de testigo ante el juzgado de que investiga la «trama de los ERE», no está «en una especie de cuarentena». Destacó también que no cree que sus reflexiones sean «inoportunas» y que sólo en la información relativa a los ERE se reserva su opinión, hasta que, llegado el caso, comparezca ante el juzgado de instrucción 6 de Sevilla si Mercedes Alaya lo estima oportuno. No sería la primera vez que lo hiciera, ya que el 17 de septiembre de 2010 lo hizo como testigo en una pieza del caso Mercasevilla, la concesión de una subvención de 900.000 euros. Ese día, el letrado del PP solicitó que se le dedujera testimonio «por si la falta de colaboración del testigo, puesta de manifiesto en el día de hoy, pudiera ser constitutiva de delito». El motivo: durante la comparecencia contestó con reiteradas evasivas.

Además de pedir que ofrezca sus explicaciones ante la magistrada, los populares han reclamado en reiteradas ocasiones la creación de una comisión de investigación en el Parlamento para que, entre otros, asista tanto el interventor general como los interventores que elaboraron los informes de los ERE.

En el caso de los ERE, el PP considera que la figura del ex interventor general es clave para aclarar quiénes estaban al tanto de los informes elaborados por este organismo en los que se advertía de que desde la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo se «estaban tramitando subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». El primero fue en 2005 y desde esa fecha se realizaron anualmente ya que la Agencia IDEA, el ente que pagaba las ayudas, está sometido a control financiero permanente.

Sin embargo, las recomendaciones no fueron atendidas y no se cambió la forma de tramitar las prejubilaciones ni las ayudas directas a empresas del posteriormente bautizado como «fondo de reptiles». Los informes de la Intervención no detallan los beneficiarios de las subvenciones, pero sí avisaron de que la fórmula elegida era inapropiada.

La Intervención rechazó además las alegaciones que envió la Consejería de Empleo, entre las que exponía que uno de los motivos para hacerlo de esa forma era que permitía garantizar la «paz social».

Estos informes fueron remitidos a la viceconsejera de Economía y Hacienda para su traslado al consejero, por entonces José Antonio Griñán. Éste siempre ha defendido que no llegaron a sus manos y que, en cualquier caso, no se le elevó nunca un «informe de actuación», una especie de código rojo que alertara del fraude.

El informe que pudo frenar el fraude cometido con fondos públicos
El informe no especificaba irregularidades concretas sobre intrusos en los ERE, pero sí señalaba claramente que la forma en la que se estaba utilizando la partida de ayudas sociolaborales no era la apropiada. Apostaba por mecanismos menos opacos y con la transparencia legal exigida.