Piden investigar «civil y penalmente» la gestión de la Fundación DeSevilla

Sevilla- El patronato de la Fundación DeSevilla acordó ayer su disolución, cuya aprobación tendrá que ser elevada al Pleno del Ayuntamiento. La decisión se toma ante la situación financiera de la entidad, por lo que se insta a investigar «penal y civilmente las irregularidades detectadas» tanto en la gestión como en el ERE promovido tras las últimas elecciones municipales, según refleja un informe encargado en septiembre por el Consistorio.
El informe apunta a «graves deficiencias» de gestión y documentales detectadas y reclama al patronato que acuerde acciones penales y civiles, además de proceder a la liquidación de la entidad de forma «ordenada, haciendo frente al pago de los créditos a particulares y administraciones». Así, añade que, una vez acordada la liquidación, se debe pasar al preconcurso o al concurso de acreedores si hubiera cuantías que no puedan ser abonadas.
En este marco, se apunta a una gestión administrativa, contable y financiera «posiblemente fraudulenta, sin control ni supervisión, si no es en connivencia de los patronos y gerentes anteriores, con incumplimientos que pueden ser susceptibles de tipificación penal, con la agravación de quebranto patrimonial en entidad pública». La fundación, como es sabido, estaba durante el anterior mandato bajo el control del grupo de concejales de IU, dirigido por Antonio Rodrigo Torrijos.
Entre estas «irregularidades de trascendencia penal», el informe apunta a los responsables de un borrado «intencionado y completo de los datos y archivos» contables que se produjo el día 28 de julio a las 21:00 horas, según un informe de técnicos informáticos de septiembre de 2011, «en vísperas de la incorporación del nuevo gerente», un acto que puede tener relación con «el delito societario o de infidelidad en la custodia de documentos».
Igualmente, apunta a actos que pueden ser constitutivos de «apropiación indebida, malversación de caudales públicos, delitos contra la Hacienda pública, Seguridad Social y fraude de subvenciones en el ámbito penal, junto a conductas falsarias en el ámbito laboral». El informe añade que «alguna de las subvenciones no se han destinado a la finalidad para la que se solicitaron».