Recurren un decreto para «colar» a 250 «enchufados»

Sevilla- El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) no ceja en su lucha contra el «enchufismo». Ha presentado otro recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Málaga, esta vez contra el Decreto 250/2011, de 19 de julio por el que se modifica parcialmente y se actualiza la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta, correspondiente a nueve consejerías. ¿Cuáles? Gobernación y Justicia; Hacienda y Administración Pública; Economía, Innovación y Ciencia; Obras Públicas y Vivienda; Empleo; Turismo, Comercio y Deporte; Igualdad y Bienestar Social; Cultura y Medio Ambiente.
Y si el número de consejerías afectadas no es menor, tampoco lo es la cifra de plazas cuestionadas. Según el recurso del Safja, el mencionado Decreto aglutina 255 puestos de libre designación, «a dedo», sin que se especifiquen los requisitos para su desempeño ni la motivación que obliga a cubrir por esa vía «excepcional» dichas plazas, frente a «los sistemas convencionales y ordinarios que prevén las leyes de función pública en la materia».
Además, según fuentes del Safja, este sindicato ha comprobado «que todos y cada uno de los puestos han sido anteriormente anulados en sentencias que nos han dado la razón, ignorando la legalidad y a los jueces». «La Administración –añaden– intenta colar de la forma que sea esos puestos».
De hecho, en su recurso se sirven de fallos previos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA para argumentar su denuncia. Fuentes del sindicato recuerdan, asimismo, que el Tribunal Supremo también se ha pronunciado este año en cinco ocasiones, en sentencias firmes, sobre la excepcionalidad de la libre designación y sobre la necesidad de que cuando se use «se justifique caso por caso». Es más, los tribunales han advertido a la Junta, incluso, de «la ilegalidad que también se comete al intentar amoldar el puesto al candidato», apostillan. En ese sentido, insisten en que el concurso es «el sistema normal de provisión de trabajo» y califican de «escandalosa» la política de personal de la Junta.
A su juicio, el Gobierno andaluz, «inmerso en una polémica reordenación plagada de favoritismo», está «tomando el pelo a los tribunales, a sus propios trabajadores y a la ciudadanía en general». Lejos de subsanar errores, el sindicato considera que, «con este tipo de actuaciones despóticas y utilizando el enchufismo como herramienta básica para trabajar en la Administración», el Ejecutivo andaluz «está mermando los sistemas legales de acceso y la calidad de los servicios públicos». Avisan: seguirán denunciándolo.