Los «antiguos Faffe» ya tienen hasta correo de funcionario

Sevilla- La polémica reordenación del sector público, plasmada en la Ley 1/2011 de 17 de febrero, va dando pasos. Aunque el ensamblaje entre el personal de entes instrumentales como la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) o la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y los funcionarios en las nuevas macroagencias no está siendo nada fácil. Los funcionarios llevan más de un año denunciando en la calle y en los tribunales que se trata de un claro caso de «enchufismo» de más de 20.000 trabajadores que no han accedido a la Administración en virtud de los criterios de capacidad y competitividad requeridos en un proceso de concurrencia pública. Sólo en Faffe, el trasvase de personal es de más de 1.600 personas y en Egmasa ronda las 5.000.

El desembarco de personal de antiguos trabajadores de Faffe –«desmbarco masivo de enchufados» lo ha calificado el sindicato CSIF– ya se está produciendo en delegaciones provinciales del SAE como las de Sevilla y Huelva. Los funcionarios se quejan de que este personal que entró a través de los entes instrumentales «a dedo» está desempeñando tareas o haciendo uso de claves reservadas legalmente a ellos, según el Estatuto de la Función Pública: una «usurpación de potestades públicas». El antiguo personal de Faffe también tiene ya correo de personal público de la Junta. Ayer recibieron una comunicación a través de internet de la nueva dirección de correo, en la que queda extinguida la coletilla «ext» que los indentificaba como personal externo de la administración.

También les han pedido sus currículos y sus funciones en vista de organizar la RPT que está prevista para hacer las reubicaciones pertinentes y que traerán cola. ¿Qué es lo que entienden algunos funcionarios? Que los pasos se están invirtiendo. «La organización de funciones y competencias de la Administración paralela se construye con la información que proporcionan los propios contratados ‘a dedo', una política de hechos consumados a la que luego se le da forma jurídica».

Por otra parte, está previsto que personal de la Inspección General de Servicios de la Junta comience a partir de hoy la ronda de visitas a las sedes de las nuevas macroagencias. La Consejería de Hacienda y Administración Pública ordenó en julio a la Inspección una actuación de carácter extraordinario para comprobar el funcionamiento del engranaje de la reordenación y el cumplimiento de que las potestades públicas las ejercen funcionarios. La pregunta que lanzan muchos empleados públicos es «si se puede esperar algo de un órgano de fiscalización que depende de la Consejería que ha ideado la ley del enchufismo».

El ahorro en la Amaya, de sólo 600.000 euros
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, y los portavoces del PP, Carolina González Vigo, y de IU, José Antonio Castro, polemizaron ayer sobre la reorganización de la administración medioambiental que supondrá un ahorro que Díaz Trillo cifró en unos 600.000 euros al año. El consejero del ramo explicó que la unificación de parte de la Consejería, la Agencia Andaluza del Agua y la empresa pública Egmasa en la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) ha supuesto asimismo la eliminación de ocho cargos directivos. González Vigo destacó que el ahorro de esta reorganización, recurrida judicialmente, equivale al 0,12 por ciento del presupuesto de la Consejería y habló de una «gran farsa».

Vuvuzelas para la asonada de hoy en Torretriana
Los funcionarios siguen en pie de guerra. Hoy volverán a manifestarse a las puertas de Torretriana, la sede de las consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Economía e Innovación que ya ha acogido sonadas protestas. La organización corre a cargo de la Asociación Aidós para la Defensa de la Administración Pública y se implicarán también los tres sindicatos críticos con la reordenación del sector público: CSIF, Safja y Ustea. Se recomienda «camiseta morada y vuvuzela».