Guerra a la marca España

Defendíamos ayer que Alemania se había equivocado gratuitamente en la crisis del pepino y que debía un desagravio a España y una compensación económica a los productores por un perjuicio sin precedentes, que mantenía paralizado, por ejemplo, más del 70% del transporte frigorífico español. Pero Berlín sorprendió ayer con una actitud desafiante y casi provocadora. Lejos de reconocer el error cometido, el Gobierno alemán, por medio de la ministra de Agricultura, defendió la gestión de la epidemia causada por la agresiva bacteria E.coli y elogió las decisiones de las autoridades sanitarias de Hamburgo y, en concreto, de su responsable, Cornelia Prüfer-Storcks, la misma que acusó sin una sola prueba a las hortalizas españolas y desató una alerta a la que se sumaron varios países del continente. No sólo avaló el despropósito de un atropello injustificado –que está causando pérdidas millonarias a un sector clave de nuestras exportaciones–, sino que la ministra Ilse Aigner se permitió dar lecciones a las autoridades españolas e instó a que se investiguen los protocolos de seguridad de la cadena hortofrutícola en nuestro país. Alemania pretende cargar muertos sobre hombros ajenos e inocentes para distraer la atención de su incuestionable responsabilidad en una crisis sanitaria que ha provocado ya 15 muertos, con un número de afectados que ayer aumentó en 365 y a la que no sabe o no puede dar respuesta. El Gobierno alemán no se ha comportado como un socio leal, se ha ganado nuestra desconfianza. Pero el papel de las autoridades comunitarias ha sido también censurable. El comisario europeo de salud, John Dalli, evitó criticar a la Administración germana en un deplorable ejercicio de equidistancia entre el agresor y el agredido. Europa ha mirado para otro lado y ha renunciado a imponer su autoridad en una crisis con responsables claros. Una prueba más de que la Unión Europea es un fenomenal mercado en el que el poder político y económico está por encima de la normativa comunitaria y de la Justicia. Es evidente que la campaña contra los intereses españoles habría sido imposible si el afectado hubiera sido Francia o Reino Unido. España ha perdido con los gobiernos socialistas la posición privilegiada y el respeto que se ganó con José María Aznar. La respuesta del Gobierno socialista a la guerra del pepino fue deplorable por inexistente en esos primeros días clave y, con la crisis en su punto álgido, parece aturdido e indeciso, a la espera de que el desenlace llegue por sí solo o de que otros hagan el trabajo. Ahora las prioridades pasan por una presión diplomática al máximo nivel para acelerar la reapertura de mercados y restablecer la confianza en la producción española y por las acciones legales correspondientes para solicitar indemnizaciones por los perjuicios generados en el sector hortofrutícola. El levantamiento de la alerta sobre los pepinos a última hora de ayer era una decisión obligada que no cierra el asunto. El Ejecutivo debe tomar la iniciativa. La marca España es hoy vulnerable, y estamos obligados a revertir esta situación y responder a quienes, como los agricultores franceses, persiguen desgastarla en beneficio propio. De lo que estamos seguros es de que Europa no saldrá de la vergonzante neutralidad.