La política industrial y energética tendrá un 128 % menos de recursos

 La prioridad industrial se establece en las empresas, por encima de los sectores, y se pone el acento en las pymes, por medio un programa de reformas y la futura Ley de Emprendedores.

En la energía, el objetivo se centra en el control de los déficit, "incipiente en el sector del gas y cuantitativamente desproporcionado en el caso del sistema eléctrico".

El gasto en los distintos capítulos de política industrial se desglosan en los 467,22 millones de euros para reconversión y reindustrialización, un 18,8 % menos que en los presupuestos actuales.

Habrá 425,9 millones de euros para desarrollo industrial, dirigidos esencialmente a estimular la modernización de la actividad productiva ya instalada, con especial incidencia en los apartados medioambiental, tecnológico y de cooperación.

Al apoyo a la competitividad industrial se destinan 408 millones, con préstamos prioritarios para las empresas de mayor valor añadido en sectores de futuro, pero también para las manufactureras de todos los sectores, esto último considerado una innovación presupuestaria.

Los incentivos regionales dispondrán de 81,6 millones de euros y el programa de Protección de la Propiedad Industrial requerirá de 46,2 millones.

Una partida de 10 millones de euros se destina al fomento del vehículo eléctrico o enchufable, en las variantes de producción, promoción de uso, fomento de la industrialización y desarrollo de la red de recargas.

Los apartados del presupuesto de política energética se reparten 497,2 millones de euros al Plan de la Minería del Carbón, para, por un lado, dar continuidad a acciones ya desarrolladas en anteriores planes y, por otro, avanzar en los procesos de reducción de actividad y cierre de explotaciones inviables.

Una cantidad de 47,3 millones de euros se dirige al Consejo de Seguridad Nuclear.