El Govern estudia aplicar el Impuesto de Patrimonio aunque no lo comparte

BARCELONA- La recuperación del Impuesto de Patrimonio ha caído como un jarro de agua fría sobre las Comunidades Autónomas. A excepción de Canarias y Extremadura, los presidentes autonómicos se han mostrado contrarios a aplicar una medida que tildan a todas luces de «electoralista» argumentado que el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha querido hacer un guiño a los indignados.
Desde CiU, el candidato Josep Antoni Duran Lleida aseguró que restituir este impuesto tres años después de su suspensión «es una barbaridad», pero la mala situación financiera de la Generalitat ha llevado al ejecutivo autonómico a plantearse de nuevo su aplicación. La vicepresidenta, Joana Ortega, aseguró ayer que la Generalitat no comparte «en absoluto» la iniciativa que el Ejecutivo aprobó el viernes en Consejo de Ministros al dictado de Rubalcaba. Sin embargo, añadió, en una entrevista a Catalunya Informació, que la caja de la Generalitat «no está para desestimar ningún impuesto».
Ortega explicó que la aplicación o no del Impuesto de Patrimonio se estudiará en la reunión del ejecutivo autonómico de mañana, tras lamentar que son las clases medias las que acaban pagando estas medidas fiscales.
La Generalitat quiere estudiar «la letra pequeña» porque el Gobierno dio muchas pruebas de improvisación la pasada semana. La manera en que actuó dejó múltiples interrogantes y la patata caliente en el tejado de los ejecutivos autonómicos. Primero, la ministra de Economía, Elena Salgado, anunció que la aplicación de este impuesto, que pagarán 160.000 contribuyentes, no afectaría a la compensación de 2.000 que las autonomías se reparten desde que en 2008 fue suprimido. Sin embargo, un día después, el portavoz del Gobierno, José Blanco, le enmendó la plana a la vicepresidenta primera y advirtió de que «ninguna Comunidad Autónoma cobrará dos veces por el Impuesto de Patrimonio. No se podrá compensar a las comunidades cuando decidan reactivar el impuesto».
El Gobierno espera recaudar 1.080 millones al año con el Impuesto de Patrimonio, de los que 270 revertirían en Cataluña. Salgado sí explicó que el gobierno regional que no quiera reinstaturar la tasa no cobrará la parte de los 1.080 millones que le correspondería. Cataluña y Madrid son las dos comunidades que sumaban cerca del 60 por ciento de la recaudación del Impuesto de Patrimonio recuperado ahora vía decreto ley.