Detienen al alcalde de Aledo por una presunta trama de corrupción

Murcia- El alcalde de Aledo, Simón Alcaraz y, la secretaria del Ayuntamiento, Rosario Hita, fueron ayer detenidos, junto a otras seis personas, una de ellas arrestada en Alicante, por su presunta implicación en la trama de corrupción urbanística «Operación Biblioteca», que comenzó en 2007 en el municipio de Librilla y que también acabó con la entrada en prisión del primer edil de este municipio, así como del teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez.

La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), llevó a cabo ayer registros en cinco dependencias de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia (situada en el Palacio de San Esteban), en dos de la Consejería de Sanidad, en Ayuntamiento de Aledo y en domicilio particular del alcalde y de varias empresas. Estas actuaciones, declaradas secretas por el juez que instruye el caso, el titular del Juzgado de Instrucción número Seis de Murcia, Andrés Carrillo, y que están siendo seguidas además por el fiscal anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Pablo Lozano, son una ramificación del procedimiento abierto por la conocida «Operación Biblioteca» de Librilla, en la que se investigan delitos de cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y falsedad, apuntó el TSJ. De hecho, entre los detenidos se encuentra el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi (Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería), adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) urbana de Librilla, que ya fue puesto en libertad con cargos y sin fianza en la operación.

De tal forma, en las inspecciones, que fueron solicitadas hace un mes por la Guardia Civil y comenzaron ayer poco después de las ocho de la mañana, los agentes se interesaron por expedientes de 2003 a 2007 relativos a la «Operación Biblioteca» y que «pudieran determinar que existiera un entramado de empresas que hayan tenido relación con algunos funcionarios que podrían haber favorecido a algunos municipios», según explicó el consejero de Presidencia de la Comunidad, Manuel Campos, quien además aseguró que la actuación policial no tiene nada que ver con la gestión del Ejecutivo regional, sino que se circunscribe únicamente a lo acontecido en Librilla y Aledo. Tratándose, por tanto, de una investigación que tiene que ver con presuntas irregularidades de funcionarios y no de políticos. Asimismo, el responsable autonómico añadió que «también se está realizando una intervención de documentación en virtud de auto judicial en Sanidad y que pudiera estar relacionada con expedientes de contratación». En concreto, matizó Campos, esta información «podría estar relacionada con algún tipo de contratación respecto a actuaciones en el ámbito de la contratación de Sanidad».

Por su parte, tras las actuaciones judiciales que acabaron con la detención de Alcaraz, el PP reiteró «su máximo respeto a la justicia y su colaboración» para que «se actúe con la mayor celeridad posible con el fin de que se esclarezcan los hechos» y, apeló, «al principio básico de presunción de inocencia».

Palacios muestra su «total colaboración»
- La consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, declaró ayer que su departamento está en «total colaboración con la justicia», respecto a los registros que llevaron los agentes en las dependencias de la Consejería de Sanidad. Asimismo, añadió, en referencia a la documentación que precisa la Guardia Civil, que «son ellos los que deben decir qué están pidiendo». Por su parte, el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, apuntó que este hecho ensucia la imagen de los funcionarios de las administraciones que sí realizan bien su trabajo.