Exceso de trabas

La Denegación de ayuda a la Justicia es un ilícito penal, que podría estar produciéndose en el «caso Faisán». Josefa Elosua, el etarra que se benefició del «chivatazo», acaba de afirmar una perogrullada: nadie mejor que el policía que le pasó el teléfono para saber el nombre del superior que le ordenó advertirle de su detención si cruzaba la frontera con el dinero fruto del chantaje del «impuesto revolucionario». Y es que en este asunto algo huele a podrido, pues si el juez Ruz había concluido la instrucción del sumario, imputado a tres personas y dictada la orden de procesamiento contra ellos de acuerdo con las pruebas practicadas y los vídeos grabados en el lugar de los hechos, no suele ser habitual que nadie desbarate un trabajo tan laborioso y en el que el instructor ha tenido que superar todo tipo de trabas. Pese a las dificultades encontradas, el magistrado determinó que fue el comisario Ballesteros quien entregó el móvil a Elosua para que un superior le chivara la operación policial que se cernía contra él. Pero, inopinadamente, Gómez Bermúdez decide reunir al pleno de la Sala de lo Penal para dilucidar si la instrucción de Ruz está bien hecha o no, y decide que sí existe un delito de colaboración con banda armada, pero que no están claros sus responsables. La consecuencia es que la decisión beneficia voluntaria o involuntariamente al candidato Rubalcaba, pues le evita pasearse con el baldón del «chivatazo», mientras le permite colgarse las medallas del éxito en la lucha antiterrorista.