Varios «mails» implican a la Junta de Andalucía en la aprobación de ERE ilegales

SEVILLA- Las consultoras y aseguradoras que actuaban como «mediadoras» en los expedientes de regulación de empleo de empresas en crisis donde se han detectado irregularidades informaban a la Junta de Andalucía de todos sus movimientos y, de hecho, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo autorizaba la financiación pública de los ERE con los «intrusos» colocados entre los prejubilados con ayudas.

Así ocurrió en la regulación laboral emprendida en el restaurante hispalense Río Grande en 2005, investigada por la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, y también en la iniciada en Mercasevilla en 2007, donde comenzó el escándalo que ha destapado una presunta trama para la «utilización fraudulenta» de ERE.

En el primer caso, y según la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el entonces director general de Trabajo Francisco, Javier Guerrero, fue informado por la consultora Vitalia Vida sobre los empleados incluidos en la regulación laboral y sus condiciones económicas.

Listados
El 23 de noviembre de 2005, el director comercial de Vitalia, Antonio José Albarracín, remitía a Guerrero por correo electrónico la «carta de financiación de Río Grande, al objeto de que sea firmada por vosotros», adjuntando un listado de 13 trabajadores con especificaciones sobre su edad de prejubilación y el pago de sus retribuciones en cinco cuotas. En esa relación ya aparecen como beneficiarias Carmen Fontela, una de las personas identificadas por la Policía como «ajenas» a esta empresa, y María José de la Rosa Aparicio, también investigada porque su vida laboral en Río Grande comenzó dos meses antes de cumplir 65 años y resultó ser la adjudicataria de 150.000 euros.

A pesar de estas irregularidades, el ex director regional de Trabajo rubricó ese mismo día, 23 de noviembre de 2005, la «conformidad» oficial de la Junta a la aseguradora Personal Life para financiar las pólizas de 13 ex trabajadores del restaurante, con el compromiso de abonar dos cuotas de 664.092,93 euros en 2006 y 2007.

El conocimiento autonómico de estos procedimientos es también evidente en el ERE de Mercasevilla de 2007. En su declaración policial, Albarracín explicó que el ex gerente del mercado central de abastos Fernando Mellet solicitó a Vitalia Vida la inclusión de un tal Antonio Garrido Santoyo entre los prejubilados por «un compromiso ineludible», pero no lo hizo hasta que Garrido le comunicó personalmente que la Junta «autorizaba dicha póliza». Este sujeto era entonces dirigente del PSOE de Baeza y jamás había trabajado en las instalaciones sevillanas.

En base a esta información, el presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, reiteró ayer que «responsabilidades políticas las hay, y muchas», por parte de la Junta en el escándalo. Señaló a su presidente, José Antonio Griñán, y a su predecesor en el cargo y hoy vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, por «haber conocido los procedimientos en marcha y haberlos tapado».

Dos pagos, más de 1,3 millones
Según la documentación analizada por la Policía Judicial y consultada por este periódico, el compromiso de pago rubricado por el ex director general de Trabajo de la Junta andaluza Francisco Javier Guerrero para el restaurante Río Grande contemplaba dos abonos de 664.092,96 euros cada uno. El primero se haría efectivo el 1 de junio de 2006 y el segundo, en la misma fecha del año siguiente. Como recordó ayer el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, en «la inmensa mayoría de las comunidades autónomas tienen órdenes a través de las que regulan las ayudas a trabajadores sometidos a ERE». En Andalucía, se adjudicaban directamente con un sistema que el propio Guerrero calificó de «fondo de reptiles».

«Compromiso ineludible» con un socialista.
El director de Vitalia Vida declaró a la Policía que el entonces dirigente del PSOE en Jaén Antonio Garrido Santoyo «entró» en el ERE de Mercasevilla de 2007 por un «compromiso ineludible» de la empresa y con la aprobación de un alto cargo de la Junta.