Inspectores y técnicos de Hacienda contra el «trato de favor a los ricos»

Ambos colectivos denunciaron ayer el trato de favor que se da con esta medida a las grandes fortunas porque, como aseguraron tanto la asociación de técnicos (Gestha) como la de inspectores (IHE), con este procedimiento se les da una segunda oportunidad de la que carecen el resto de contribuyentes españoles.Denuncia La IHE aseguró en un comunicado que la decisión de la AET permite a los afectados, que podrían tener depositados entre 6.000 y 8.000 millones de euros en las cuentas, «evitar su responsabilidad penal y las sanciones administrativas», sustituyéndolo todo por un recargo que no excede el 20 por ciento de lo defraudado. Gestha se plantea incluso llegar a los tribunales y denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción los hechos.Este aluvión de críticas forzó a la Agencia Tributaria a enviar un comunicado a media tarde de ayer para defender su modo de proceder. El organismo aseguró que en ningún caso se trata de un «perdón o trato de favor» pues lo que ha enviado no es una simple petición de ayuda sino un requerimiento «formal con acuse de recibo que puede comportar la aplicación de sanciones» y achacó los críticas de inspectores y técnicos a su «falta de conocimiento» de los detalles del proceso. Hacienda da quince días a los contribuyentes para que pongan al día su situación. En caso de que no obtenga respuesta, abrirá un acta de inspección por si hubiera delito fiscal, cuya prescripción será de cinco años según el nuevo Código Penal.De momento, la AET aseguró que ha recibido una «importante y masiva» información, si bien reconoció que de momento de ella no puede deducirse la existencia de delitos fiscales porque, entre otras cosas, «la cuantificación de la deuda tributaria depende de factores que pueden ser objeto de justificación por parte de los contribuyentes».Delito fiscalEl que las autoridades españolas puedan demostrar que haya existido delito fiscal es fundamental para el devenir de la investigación, pues sólo en ese caso el Gobierno suizo facilitará datos sobre los clientes afectados, según aclaró ayer el Ejecutivo helvético. Para que se trate de un delito, la cantidad defraudada debe sobrepasar los 150.000 euros. En caso contrario, se considera evasión de impuestos, en cuyo caso el Gobierno suizo no tendría obligación de informar según estipula el tratado de doble imposición firmado por las autoridades helvéticas y las españolas en los años 60.

Los afectados, molestos y preocupados- HSBC Suiza, entidad en la que están unas 1.500 de las 3.000 cuentas bajo investigación, confirmó ayer que muchos de los clientes españoles afectados por la investigación les han llamado «preocupados y molestos», según informa Efe. -El portavoz de la entidad subrayó que las autoridades francesas no han contactado con las suizas para informarles de que habían transmitido a España la lista de clientes españoles con cuentas en HSBC.- Francia recibió datos de 15.000 clientes del banco que un empleado robó en 2006. El fisco galo habría, a su vez, facilitado información a España dando pie a la investigación.