El Gobierno aflorará la «economía B» con o sin acuerdo sindical

También se espera que el Consejo de Ministros de luz verde este viernes al real decreto sobre el plan de afloramiento de la economía sumergida que los agentes sociales vienen estudiando desde hace dos semanas, y que de momento no cuenta con el aval de los sindicatos. Pero el Gobierno no esperará a su visto bueno a este plan ni al de los empresarios y ya ha anunciado que aprobará las medidas con o sin su respaldo.

Con el objetivo de aflorar la economía sumergida, que según el Gobierno «está dificultando la recuperación económica y los objetivos nacionales de reducción del déficit público», el Ejecutivo plantea establecer un plazo durante el cual permitirá a las empresas regularizar a los empleados que tengan sumergidos sin ser objeto de sanciones. Una medida que comenzaría a aplicarse una vez que se apruebe el real decreto y hasta el 30 de junio, según un documento de trabajo que el Gobierno ha hecho llegar a los agentes sociales. A las empresas que se acojan a este procedimiento no se les pedirá garantías para asegurar el pago de las cotizaciones y podrán solicitar un aplazamiento de dos años.

Según el plan del Gobierno, los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social durante ese periodo sólo verían reconocidos un año los derechos de prestaciones futuras como desempleo o pensiones, algo a lo que los sindicatos se oponen rotundamente. Ellos reclaman que se reconozcan derechos por el periodo en el que se ha trabajado en la economía sumergida. Por otro lado y como mecanismo de control de los procesos de subcontratación, el Gobierno obligará a los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios a comprobar que los trabajadores de los contratistas han sido dados de alta en la Seguridad Social.

A partir del 30 de junio el Gobierno duplicará las multas a las empresas que no hayan dado de alta a sus trabajadores ocultos, sanciones que podrían ascender hasta los 187.515 euros y obligará a éstas a devolver las ayudas públicas y bonificaciones que hayan recibido y que tampoco podrán solicitar durante dos años. Pero la CEOE no está de acuerdo con este aumento de las sanciones que prevé el Gobierno. Argumentan que mientras que el plan contra el empleo sumergido es temporal, el aumento de las sanciones tendría carácter permanente.

Respecto al segundo frente que tiene abierto el Gobierno, la reforma de la negociación colectiva, los agentes sociales volverán a verse las caras mañana martes. Tras cuatro meses de encuentros, las posiciones entre sindicatos y empresarios siguen alejadas y a los numerosos aspectos que se llevan negociando, recientemente se han incorporado dos temas nuevos, el absentismo laboral y las mutuas de accidente de trabajo, lo que podría dilatar aún más el acuerdo.

Los agentes sociales siguen manteniendo las diferencias en varios aspectos fundamentales de la negociación. El principal caballo de batalla es el referente a la ultraactividad de los convenios. Los empresarios quieren que los convenios se empiecen a negociar antes de que finalice su vigencia y establecer un periodo máximo de duración de la ultraactividad. Es decir, quieren que una vez terminada la vigencia de ese convenio deje de ser de aplicación mientras se negocia uno nuevo o en su defecto limitar el plazo de prórroga de un convenio colectivo que ha terminado su vigencia y que ahora es indefinido.

Pero lo que sobre todo esperan los empresarios de la reforma de la negociación colectiva es que impulse la flexibilidad interna de las empresas. ¿Y cómo? Potenciando la capacidad de las empresas de adaptar las condiciones de trabajo (jornada, horario, remuneración, etc.) a su situación concreta. Pero los sindicatos también quieren más legitimación en la empresa. No sólo para la negociación de los convenios colectivos, sino también para cualquier acuerdo, específicamente los de flexibilidad interna (modificación, descuelgues salariales, EREs, etc.). Por otro lado, los sindicatos quieren tener mayor presencia en las pequeñas y medianas empresas (pymes), a lo que los empresarios se oponen.

Los principales puntos de discrepancia
La ultraactividad de los convenios es uno de los principales caballos de batalla de la reforma de la negociación colectiva. CEOE y sindicatos siguen sin ponerse de acuerdo sobre el plazo máximo de prórroga de un convenio cuando ha acabado su vigencia. Los sindicatos quieren tener presencia en las pequeñas y medianas empresas, a lo que los empresarios se oponen radicalmente. Lo que sobre todo espera la CEOE de la reforma es que impulse la flexibilidad interna de las empresas, es decir, que tengan más capacidad de decisión sobre jornada laboral, descuelgues salariales, horarios, etc.

Las Mutuas de Accidente de Trabajo se cuelan en la negociación
Dentro de la reforma de la negociación colectiva se ha incluido un aspecto fundamental para los empresarios, que es el del absentismo y el de las mutuas de accidente de trabajo. La CEOE quiere una nueva Ley reguladora de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales, que dé a éstas mayor capacidad en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de las enfermedades comunes. La pretensión de las mutuas en este aspecto es controlar las altas y bajas desde el primer momento y no a partir del día 15, como sucede ahora. Y es que cuando se trata de una baja por enfermedad común (una depresión, por ejemplo) es la Seguridad Social la que tiene el control sobre la baja hasta la segunda semana. La CEOE considera que ésta sería una forma de controlar el absentismo injustificado.

Las Mutuas de Accidente de Trabajo son asociaciones privadas de empresarios. Las primeras se empezaron a constituir en 1900, pero en la década de los 60 se integraron en el sistema de la Seguridad Social como entidades colaboradoras. Los sindicatos se han mostrado de acuerdo en reformar la legislación relativa a las mutuas para controlar mejor las bajas de los trabajadores, como proponen los empresarios, pero se opondrán a cualquier intento de desvinculación a la Seguridad Social, al contrario que los empresarios, que apuestan por reforzar su carácter privado. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ya ha avisado de que el Gobierno estará presente en estas negociaciones.