Demasiados liberados

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció ayer en su discurso sobre el estado de la Región que realizará un ajuste de los liberados sindicales al mínimo que marca la Ley, como una más de las medidas de austeridad que se ha propuesto aplicar para reducir los gastos en un 10% adicional. De este modo, la plantilla sindical liberada en la Administración madrileña se recortaría en dos mil miembros, lo que supondrá un ahorro anual superior a los 70 millones de euros. A falta de una información más detallada por parte de la presidenta regional, la iniciativa es perfectamente plausible, parece ajustada a la Ley y, en consecuencia, de ningún modo cabe acusarla de cercenar los derechos de los trabajadores. Más aún, deberían ser los propios sindicatos los que se adelantaran al Gobierno madrileño con una propuesta de austeridad y de ahorro en este terreno. El prestigio de los sindicatos no atraviesa precisamente por sus mejores momentos, sobre todo en la capital española, que aún no se ha recuperado de las huelgas salvajes del Metro perpetradas en julio pasado. La ciudadanía tiene la impresión de que las centrales UGT y CC OO, que han devenido en maquinarias burocráticas engrasadas por subsidios, subvenciones y otras sinecuras pagados con dinero público, se han dedicado a defender sus propios intereses corporativos, y mientras casi todos los sectores laborales han sufrido fuertes ajustes salariales, ellas no han tenido a bien reducir sus ingentes presupuestos. Si los que se erigen como representantes de los trabajadores no dan ejemplo de austeridad y no se ajustan el cinturón, es comprensible que su credibilidad esté en mínimos históricos. Ese esfuerzo ahorrador es especialmente necesario en las Administraciones y Empresas Públicas. No se entiende que los funcionarios estén soportando una rigurosa reducción de sus salarios impuesta por el Gobierno de la nación y los dirigentes sindicales no hayan arrimado el hombro recortando razonablemente los efectivos y las horas dedicados a las labores representativas. El número de liberados y delegados, así como los horarios que se han reservado, son a todas luces excesivos, hipertrofiados y reiterativos. El coste de todo ello es desmesurado, pues si sólo en la región madrileña sobran dos mil liberados y se pueden ahorrar más de 70 millones de euros, ¿qué no sucederá en comunidades autónomas donde gobierna la izquierda desde hace décadas, como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura? Lo mismo vale, por supuesto, para el resto de las regiones, gobierne quien gobierne. No sería descabellado afirmar que el ahorro total superaría los mil millones de euros anuales. En todo caso, hay que reconocerle a Esperanza Aguirre el coraje y la determinación que ha demostrado al abordar una reforma que solivianta a los «intocables» sindicatos y que será aprovechada por el PSOE para atacarla y congraciarse con los dirigentes sindicales. Ni que decir tiene que otros gobiernos autonómicos están pendientes de la evolución de la inciativa madrileña, pero mientras tanto deberían realizar sus propios cálculos domésticos y comprobar si, como sucede en Madrid, el número de liberados sindicales es el doble del que exigen las leyes y si el ahorro merece la pena de enfrentarse a una casta de privilegiados e insolidarios.