El caso ERE da un giro tras quedar en libertad un ex director general

SEVILLA- Ni cárcel ni madrugada de imaginaria. En contra de lo esperado, la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, dejó ayer en libertad con cargos al ex director general de Trabajo y Seguridad Social entre 2008 y 2010 Juan Márquez. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones pidieron prisión. El Ministerio Público solicitó una fianza de responsabilidad civil de 205 millones, que suscribieron también el PP y Manos Limpias. La Junta pidió mucho menos: 3.580.000 por las ayudas a Virgen del Espino, Packsur y Río Grande, así como las individuales a un ex delegado socialista y a un sindicalista de CC OO, ambos intrusos en el ERE de Calderinox.

Se produce un viraje en el caso. Un precedente para los próximos citados ante de la juez. Como telón de fondo está el rechazo de la Audiencia al auto de prisión sin fianza del que fuera chófer del ex director general de Trabajo y el recurso interpuesto por el ex consejero Antonio Fernández, también en prisión, que puede estar resuelto a su favor la próxima semana.
Márquez, por tanto, queda en libertad con cargos por los presuntos delitos continuados de prevaricación, falsedad en documento oficial, malversación y omisión del deber de perseguir delitos. En los dos años al frente de la Dirección General de Trabajo otorgó 154 millones de euros en ayudas a pesar de los informes que cuestionaban la legalidad del procedimiento.
La segunda jornada de la declaración del ex alto cargo ante la juez instructora tuvo momentos de tensión y rifirrafe dialéctico entre ambos. El hilo del interrogatorio de la magistrada estuvo basado en el convencimiento de que una vez que Márquez llegó al cargo, después del cese de Francisco Javier Guerrero en 2008, en Empleo continuaron las irregularidades y –lo más grave– se taparon, en lugar de ponerlas en conocimiento de la Justicia. Esta tesis la avaló la ex asesora de Márquez que comparecerá mañana ante Alaya y así lo concluyó la Guardia Civil en un contundente atestado. El principal parapeto de Márquez es que respondía al perfil político de su cargo y desconocía aspectos jurídicos que sí debían controlar, por su formación, los funcionarios.

Esta abundancia de desconocimiento –y de evasivas– del ex director general es la que encendió ayer la declaración y puso a la juez al borde de perder los nervios. Hasta tal punto que Alaya llegó a reprenderle por hacer el interrogatorio «extremadamente difícil y cansino», según relató a este periódico una fuente presente en la Sala. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla también le reprochó que le hacía «ver lo blanco negro», mientras que Márquez le replicó en una ocasión «usted quiere oír lo que quiere oir» y en otra le acusó de haberse «inventado» la palabra «intruso», a lo que la magistrada respondió que, en modo alguno, que desde el primer momento usó la expresión «falso prejubilado», pero que el primer término hizo fortuna a través de los medios de comunicación. El ex alto cargo pidió perdón por haberse extralimitado.
La espoleta de la disputa fue la pregunta de la juez sobre las irregularidades en los ERE de FCC y Cespa. Alaya le preguntó por qué no puso las anomalías en conocimiento del Consorcio de Seguros para que dejara de pagar.

Sí reconoció el ex alto cargo que «quizá» no ha sido «todo lo diligente que debiera», pero que tenía «muchos conflictos que atender», lo que le obligaba incluso a «dar instrucciones en los pasillos». La juez llegó a espetarle en esta suerte de tiro de soga en el que se convirtió la declaración: «Su falta de conocimiento es llamativa. Se está contradiciendo». «Yo no soy inagotable, yo me canso también», deslizó la magistrada con un gesto de clara contrariedad.
En relación al ERE de Mercasevilla de 2007, de un montante de más de nueve millones de euros de los que se ha desvinculado la Junta de Andalucía, la juez le pregtuntó por qué Empleo dejó de pagar las pólizas. Márquez se a apoyó en dos argumentos: los problemas con el presupuesto y que se trataba de un ERE «abierto», en el que los trabajadores, una vez que cumplían los 55 años se iban acogiendo y por tanto había que poner coto. La respuesta de Alaya le dejó con poco margen de maniobra: «¿Por qué entonces pagó el ERE de González-Byass», de 17 millones de euros? La respuesta del ex director general fue de manual: «Lo había comprometido mi antecesor en el cargo». El ERE se firmó en 2008 y entre los beneficiarios figuraba el ex consejero de Trabajo Antonio Fernández, actualmente en prisión preventiva. Con el almuerzo no amainó el enfrentamiento entre ambos. El interrogatorio continuó por la tarde hasta que Alaya completó las 90 preguntas que tenía preparadas. «Usted me aburre, ya estoy aburrida», señaló.

«¿De verdad que me puedo ir?»
El alivio de Juan Márquez fue notorio cuando se enteró de que la juez lo había dejado en libertad. El gesto de preocupación que transmitió en el primero de los recesos de la mañana, en el que apuraba a pequeños sorbos una botella de agua, cambió. «¿De verdad me puedo ir?», le preguntó a su abogado, Manuel Pérez Cuajares. Se abrazó a él y llamó a su familia. Todo apuntaba a que la gravedad de los delitos derivarían en un nuevo imputado camino de la cárcel, en la que permanecen tres personas relacionadas con el caso de los ERE.