La Intervención admite al juez que no fiscalizó las ayudas de Invercaria

Sevilla- Las ayudas otorgadas por la empresa pública Invercaria estaban ajenas a los programas de control de la Intervención General. Los incentivos impulsados desde la Consejería de Innovación y Ciencia –hoy también de Economía y Empleo– y gestionadas a través de la sociedad de capital riesgo no formaban parte de la agenda fiscalizadora del órgano de control administrativo de la Junta de Andalucía. Tras una petición de la Fiscalía, el titular del juzgado de Instrucción 16 de Sevilla reclamó a la Intervención General «cualquier informe elaborado por la misma o por los órganos de control dependiente de ella, incluidos los integrados en la Agencia Idea» en relación a los programas de incentivos concedidos por la sociedad investigada. La respuesta, a la que ha tenido acceso este periódico, es clara: «Cúmpleme manifestarle que esta Intervención General no ha realizado actuación alguna de control con los alcances referidos».

El juzgado quería conocer la gestión de los proyectos Atlantis y Campus, ambos programas de la Consejería de Innovación. A través del primero se financian proyectos de creación de empresas de base tecnológica y cada uno de ellos puede recibir hasta 300.000 euros de capital semilla. El segundo está dirigido a grupos de Investigación de las universidades y centros de investigación de Andalucía y los beneficiarios también reciben la misma cantidad como máximo.

La Intervención reconoce que no ha participado en acciones de control en ninguno de los dos casos «para materializar la ayuda/préstamo/participación concedida con cargo a dichos programas».

Otra de las peticiones del juzgado era conocer la existencia de algún informe en relación a «los incentivos concedidos por la Consejería de Innovación conforme a las bases recogidas en la orden de 9 de diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras de Programas de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía mediante la modalidad de aportaciones al capital social de Invercaria». Tampoco en este caso ha habido participación de la Intervención, que ha estado ajena al funcionamiento de la empresa investigada.

De hecho, no participó en el expediente de «constitución de la sociedad» ni en las sucesivas «ampliaciones de capital suscritas por Invercaria desde su constitución hasta el ejercicio de 2011».

La última petición de la Fiscalía era conocer la «existencia relativa a subvenciones o transferencias aportadas por la Agencia IDEA para la cobertura de los gastos de explotación de Invercaria desde el ejercicio de 2005 a 2011». La respuesta notificada al magistrado es la misma en todos los casos.

¿Está obligada la Intervención General a controlar todos los organismos de la Junta de Andalucía? Según explicó el ex interventor general Manuel Gómez en la comisión de investigación de los ERE, la mayoría de entidades instrumentales del Ejecutivo andaluz están sometidas a control financiero permanente, «una modalidad de control de carácter posterior y no vinculante». El plan de actuaciones lo elige anualmente el Consejo de Gobierno. Invercaria no estaba entre las empresas públicas elegidas.

Según aseguró el consejero de Economía, Innovación y Empleo, Antonio Ávila, en el pasado Pleno, la sociedad de capital riesgo tenía sus cuentas auditadas por empresas privadas. La única fiscalización por un ente público ha sido el que ha dado origen a la investigación en los juzgados: el informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas en 2011 relativo al ejercicio 2009. Ahora la Policía Judicial ha recomendado que este mismo organismo analice todos los años de funcionamiento de Invercaria, creada en 2005.