Puig pide a la Fiscalía que actúe contra la plantación de marihuana de Rasquera

BARCELONA- Después de que el Ayuntamiento de Rasquera aprobara el miércoles, en una multitudinaria sesión del pleno municipal, ceder unos terrenos a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (Abcda) para plantar cannabis y paliar la crisis en el municipio, el conseller de Interior, Felip Puig advirtió ayer que el Govern no se quedará con los «brazos cruzados» y llamará a la Fiscalía a actuar.

«Si esto tira adelante, la policía es evidente que tendrá que actuar y llevar esta iniciativa, si es que se materializa, ante el juez, y será la justicia e incluso la Fiscalía quienes tendrán que decidir si esto es o no objeto de delito según el Código Penal», dijo ayer el conseller, que a la vez admitió que la ley no tipifica la plantación de marihuana como delito si es para consumo propio. También el director general de los Mossos de Esquadra, Manel Prats pidió la actuación de la Fiscalía ante este proyecto que prevé crear unos 40 puestos de trabajo en el municipio a cambio de recibir 1,3 millones de euros en dos años.

A pesar de las amenazas, el alcalde de Rasquera, Bernat Pellisa (ERC), que aseguró contar con informe que avala la legalidad del plan, firmó ayer el convenio con la Abcda para ceder una finca de 7 hectáreas en la que, además de la plantación del cannabis, se realizará un ciclo ecológico alternativo de cultivos. Según el convenio, la marihuana que se plante se utilizará para la producción de aceites de hachís, para la investigación y para el consumo de los socios de la Abcda, que cuenta con 5.000 afiliados y varios clubes de fumadores en La Barceloneta, Sitges y en breve en el Born.
«Rasquera va a ser el primer pueblo, pero no el último», anunció el presidente de la Abcda, Voikan. «Hace un par de meses presentamos la propuesta en Rasquera. Cuenta con un buen clima, muchas instalaciones agrícolas y posible mano de obra, ya que la mayoría de sus habitantes se dedica a la agricultura», añadió Voikan que hoy realizará el primer pago de 30.000 euros. «Es una hipocresía que CiU se alarme ahora cuando conocía el proyecto desde hace meses y es vergonzoso que el señor Puig haga una amenaza que no cumplirá», criticó ayer el abogado de la Abcda, Martí Cànaves, precisamente el autor del informe que avala el proyecto. «Hay unas 200 asociaciones de fumadores de cannabis que pagan sus licencias a los Ayuntamientos y existen terrenos donde se cultiva marihuana para estas entidades con seguridad y dentro de la legalidad», dijo Cannàves.