Bruselas
Un informe del Gobierno desechó por inútil el Impuesto de Patrimonio
En estos años, la crisis económica ha forzado al Gabinete de Zapatero a soltar lastre de sus valores y principios de izquierdas. Desde mayo del año pasado, fecha en la que el Gobierno, presionado por Bruselas, dio luz verde al mayor recorte social de la historia democrática española, se abrió en su seno un debate de «izquierdas» sobre la implantación de un tributo para ricos o, en su defecto, la recuperación del Impuesto de Patrimonio.
«Se trata de que la carga de la crisis recaiga más sobre los que más tienen». Se argumentaba entonces en una familia socialista noqueada por el ajuste. En esas fechas, el jefe del Ejecutivo encargó a la Oficina Económica del presidente y a la Vicepresidencia económica un análisis sobre la posibilidad de aumentar la carga fiscal de las grandes fortunas del país, así como las consecuencias de reactivar el Impuesto de Patrimonio. «El capital viaja a la velocidad de la luz». Fue la respuesta contundente que recibió de su vicepresidenta sobre un alza de la tributación para los más ricos. Por si fuera poco, Elena Salgado desaconsejó por ineficaz recaudatoriamente la reactivación de Patrimonio, que desapareció en 2008 tras decidir el propio José Luis Rodríguez Zapatero bonificarlo al cien por cien.
Hace ahora casi un año y medio, la vicepresidenta pensaba que el impacto en los ingresos de este tributo de gestión autonómica sería mínimo por la oposición de los gobiernos regionales a repercutirlo a sus contribuyentes. Sin embargo, a las puertas de las generales, Salgado, que llegó al Ejecutivo en 2004 de la mano de su íntimo amigo Rubalcaba, ha cambiado de opinión. Ahora se ha convertido en una defensora de recuperar Patrimonio. De hecho, tiene preparado desde hace semanas la percha legal para ello (un decreto ley), a la espera de que Rubalcaba diera su visto bueno, según confirman a LA RAZÓN fuentes de Economía.
Mientras, el jefe del Ejecutivo sigue cuestionando, como hace un año y medio, la utilidad recaudatoria de un impuesto que a día de hoy se niegan a desarrollar las comunidades. De hecho, esa fue la razón por la que se eliminó. Aunque el tributo es estatal, desde 2001, al calor de un nuevo sistema de financiación autonómica, las regiones pueden regular su mínimo exento.
Es decir, pueden optar por bonificarlo el cien por cien y, por tanto, no cobrarlo. De ahí, las reticencias de Zapatero. En las últimas horas, tan sólo Canarias y Extremadura se han mostrado partidarias de su recuperación. El resto de ejecutivos regionales, controlados en su mayoría por el PP, han dado un portazo a esta posibilidad.
Ineficacia recaudatoria
Fuentes gubernamentales no descartan que, al final, el presidente ceda a las pretensiones de Rubalcaba de resucitar este tributo como guiño al electorado de izquierdas de cara al 20-N, pese a estar convencido de su ineficacia recaudatoria. Zapatero se inclina por conceder esta prerrogativa al candidato socialista a los comicios «como premio de consolación tras la reforma de la Constitución», puntualizan a este diario fuentes del Ejecutivo.
En este escenario, el Consejo de Ministros aprobará, con toda seguridad, el decreto ley de reactivación de Patrimonio, que Salgado guarda en el cajón de su despacho desde hace semanas. El Ejecutivo podría posponer hasta este viernes la decisión de la base imponible a partir de la cual se aplicará y su fecha de entrada en vigor. La cuantía que se baraja de base imponible oscila entre 600.000 y un millón de euros. El número de declarantes superará los 200.000 en el primer caso y en el segundo se reducirá a unos 95.000. El tipo efectivo de este impuesto se situó en el 0,519% en 2007, último ejercicio que se aplicó y en el que se presentaron casi un millón de declarantes.
Los contribuyentes con patrimonios superiores al millón de euros en 2007, el 9,7% del total de declarantes, aportaron el 72% del impuesto, con una cuota a ingresar de 1.497,9 millones de euros, frente a un importe total de 2.121,5 millones. Es decir, los 1.400 millones que espera recaudar Rubalcaba con su reactivación provendrían prácticamente de los bolsillos de los contribuyentes con patrimonios superiores a un millón de euros, si las autonomías se deciden a aplicarlo.
El Gobierno deberá dilucidar también la fecha de entrada en vigor del decreto ley que recuperará esta figura tributaria. Fuentes gubernamentales no descartan que se active para este mismo ejercicio y, por ende, antes de las generales del 20-N. Según estas fuentes, su modificación a mitad de año no sería inconstitucional al tratarse de un tributo directo en vigor. En este escenario, en la próxima campaña de la renta de 2011, que se cumplimentará en 2012, se debería declarar por el patrimonio en poder de los contribuyentes este año. No obstante, el Ejecutivo puede optar por retrasar su entrada en vigor hasta enero de 2012 y, por tanto, afectaría a la campaña de la renta y patrimonio de ese año, que se cumplimentará en 2013.
Promesa electoral en el aire
Alfredo Pérez Rubalcaba utilizará la recuperación del Impuesto de Patrimonio antes de las generales del 20-N como guiño a su votante situado más a la izquierda. Así, tratará de arañar votos entre estos electores y, de paso, recuperar los que se votaron a IU en los pasados comicios autonómicos. Sin embargo, fuentes gubernamentales cuestionan que la reactivación de este tributo sirva para conseguir la promesa de Rubalcaba: 1.400 millones más de recaudación.
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