Un ejercicio de responsabilidad por Antonio Torres

Cuando el Estado renuncia a garantizar un derecho fundamental se hace imposible o muy difícil el ejercicio de la libertad para los ciudadanos a quienes de una u otra forma se les conculca ese derecho. Y eso es exactamente lo que viene sucediendo en España con relación al aborto y la maternidad desde 1985 hasta la fecha, periodo en el que más de un millón y medio de madres embarazadas con dificultades se han visto, prácticamente en su totalidad, abocadas a abortar ante el abandono y soledad a que se ven sometidas.

En un Estado social y democrático de derecho como lo es España, donde por imperativo constitucional se garantizan los derechos de las personas con riesgo de exclusión social por su vulnerabilidad, como los parados o los minusválidos, el derecho de las mujeres embarazadas a la maternidad con igual riesgo de exclusión social por su vulnerabilidad había venido siendo obviado por el Estado.

Un «lobby»
Ninguna ley puede legitimar en ningún supuesto ni plazo la muerte de un inocente, pero el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dado un paso histórico al constatar que en nuestra sociedad existe un clima de acoso estructural de género para que la mujer aborte –generado por la propia legislación permisiva del aborto– y ha hecho un gran servicio a las mujeres al poner de manifiesto esta estructura de acoso de género que el «lobby» abortista quiere negar u ocultar.

Ahora nos toca a la sociedad civil poner nuestro poderoso granito de arena, el próximo sábado 24 a las 17:00 horas, en la madrileña Puerta del Sol. Independientemente de nuestras creencias y/o simpatías políticas, tendremos de nuevo la oportunidad de clamar con voz clara y esperanzada un «¡sí a la vida!» desde España y para el mundo entero.

Antonio Torres
Presidente de la Fundación RedMadre